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La idea es integrar al patrimonio del Indert todos los equipos que se adquirieron en el marco del censo rural, para dejar todo a punto a fin de que las próximas autoridades puedan decidir si continúa el censo de colonias por intermedio de terceros o el ente por sí mismo.
Según Ramírez, las actividades censales y de levantamiento de datos y georreferenciamiento de las unidades productivas, no se proseguirán hasta que se cambie la administración del Poder Ejecutivo.
Se trata del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Censo de Colonias, que al principio se pretendió encarar como un simple censo, es decir, solo el levantamiento de datos demográficos en cada una de las 1.140 colonias, con cerca de 223.000 lotes, que tiene registrado el Indert, de lo entregado por el Estado, y paralelamente legalizar la tenencia de la tierra a unos 120.000 ocupantes.
La administración del proyecto fue encargado totalmente y en forma directa, sin licitación o concurso alguno, a la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo), a cargo del Lic. Hugo Pereira, aunque también se puso al frente del proyecto como coordinador general al Ing. Arnaldo Barrios, funcionario del Ministerio de Obras Públicas que fue comisionado al Indert exclusivamente para este proyecto.
El censo rural arrancó en Cororoõ’i, luego de varias semanas de atraso, el 7 de febrero de este año, y se paralizó totalmente a principios de este mes.
Para realizar el censo rural del Indert, la Adepo se comprometió, entre otras cosas, a georreferenciar 223.225 lotes, pero tras cinco meses solo pudo realizar ese trabajo unos 1.600 lotes. Igualmente la Adepo se había comprometido al relevamiento demográfico y socioeconómico de 1.140 colonias, pero hasta la paralización del programa apenas alcanzó unas 40 colonias. Adepo ya gastó unos G. 7.500 millones (41% del presupuesto, quedan cerca de G. 10.600 millones) y existen denuncias de malversación de recursos.
La fiscalía allanó el 11 del corriente el local de Adepo, tras conocerse resultados de una auditoría parcial que detectó irregularidades. El censo rural se encuentra paralizado “en el limbo jurídico”, en espera de que se establezcan las consecuencias de la rescisión de contratos, informó Ramírez.
Allanamiento
La Fiscalía allanó el 11 de este mes el local de la Adepo, fundación que administraba el censo rural. El procedimiento fiscal-judicial, ordenado por el juez Hugo Sosa Pasmor, estuvo encabezado por la fiscala Victoria Acuña y contó con el acompañamiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
Antes de iniciar el proyecto, la Unión de Gremios de la Producción había propuesto que la primera etapa del censo lo hiciera la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), que estaba terminando de realizar el censo nacional, lo que permitiría ahorrar costos e implicaría solo un cuarto de lo que finalmente se presupuestó, es decir solo US$ 1.000.000 contra los US$ 4.000.000.
Pero el dilema para la UGP ahora es que si el próximo Gobierno decide encarar el censo por medio de los funcionarios del Indert, los resultados del mismo no serían creíbles. Recordemos que Adepo había recontratado a unos 400 funcionarios del Indert para realizar los trabajos del citado programa.
El objetivo principal del censo era determinar en manos de quiénes están cerca de 2.000.0000 de hectáreas que entregó el Indert, en el marco de la reforma agraria, para comprobar si la entrega de tierras está o no cayendo en saco roto.