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El inicio de esta segunda fase se retrasó por más de dos años debido a las grandes postergaciones de la primera etapa, que va por su sexto año. No querían comenzar con esta segunda fase sin que la primera esté al menos 50% avanzada.
Como consecuencia, se rehicieron todos los cálculos, lo que encareció la obra. El contratista argentino Rovella Carranza y su asociado nacional Talavera Ortellado registran buen avance, aunque la colocación de caños de menor tamaño (400 a 200 mm de diámetro) en esta segunda fase es más fácil, incluida la construcción de cuatro centros de distribución y estaciones de bombeos. Por otro lado, hubo varios problemas de cortes de la fibra óptica en la zona del Chaco Central, que quedó sin línea baja e internet de Copaco, aunque el jefe regional de esta firma, Wilson Aquino, asegura que siguen de cerca la obra, con todas las indicaciones necesarias.
En cuanto a los pueblos originarios, el MOPC está implementando en los últimos meses la consulta “previa” a las comunidades indígenas, aunque la construcción del acueducto ya está en camino hace casi seis años y esta segunda fase hace medio año. En estos encuentros los indígenas son informados sobre el proyecto, aunque sigue habiendo dudas al respecto.
La fiscalización de la segunda fase del acueducto está a cargo del Consorcio Cónsul Tech Aetos, por G. 13.584 millones. Para la primera fase, por sus largos retrasos, el MOPC hizo dos contratos de fiscalización, el primero por 27 meses por un monto de G. 9.000 millones, y el segundo un plazo de 28 meses por G. 7.000 millones. Los dos contratos fueron al consorcio Aguas del Chaco (Control Consultoría y Servicios de Ingeniería SA e Hidrocontrol SA).