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El ensanche que Tape Porã plantea hacer en el tramo que explota desde 1998 podría generar costos más caros para camioneros y automovilistas en general si otro oferente se hiciera cargo de la obra, debido a que resultará lógico que el consorcio exija lo que dejará de percibir hasta el 2023, año en que vence su contrato de concesión con el Estado, pues eso con seguridad se trasladará al costo del peaje, según opinaron técnicos del sector que prefirieron no ser citados.
El año pasado, Tape Porã, que por ley tiene la explotación de un tramo de la Ruta VII, presentó un proyecto de alianza público-privada para ensanchar este tramo a cambio de que se le amplíe la concesión por otros 30 años (a partir de 2023).
Como cualquier proyecto APP, aunque se trate de una iniciativa privada, debe pasar por licitación, en la cual existe la posibilidad de que se adjudique a otro oferente, en cuyo caso Tape Porã exigiría que se le pague lo que dejará de percibir en los puestos de peaje desde el momento en que entre a operar otra empresa.
La ley de APP exige además que se le pague al proponente de la iniciativa los estudios que realizó y que deben ser utilizados necesariamente en la ejecución del proyecto.
Fuentes del Ministerio de Obras Públicas explicaron que la otra alternativa posible es esperar que venza el plazo de concesión, en 2023, dentro de ocho años, para que el Estado recupere la explotación del tramo y decida someterlo o no a licitación por APP para ensancharlo.
Mientras se esperaba un dictamen de la Procuraduría, según las fuentes, Tape Porã retiró su proyecto APP y lo llevó al Congreso, con apoyo de un grupo de diputados. El proyecto, que le renovaría la concesión por 30 años, ya tiene media sanción de la Cámara Baja.
La propuesta, según el proyecto de ley, consiste en duplicar el tramo comprendido entre el Kilómetro 183 y el 296, así como la recuperación, conservación, operación y explotación del mismo tramo por los 30 años que dure la nueva concesión.