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La situación de Acepar, intervenida judicialmente a pedido del Gobierno el 7 de noviembre pasado y sin producir desde hace 70 días por falta de fondos, podría tener una derivación que no estaba en los planes inicialmente, de acuerdo a informes dados ayer a nuestro diario por su actual administrador, José Luis Vinader.
Preguntado sobre si es verdad que solicitó a los accionistas de Acepar (Cerro Lorito SA y Cootrapar, que conforman el consorcio Cosipar) que aporten un fondo de US$ 10 millones para levantar de nuevo la fábrica y ponerla a producir, Vinader confirmó la versión, y aclaró que eso ya data de hace 15 días, pero como no han recibido ninguna respuesta, ya están manejando otras alternativas de solución.
Según Vinader, quien reemplazó por orden judicial al Abog. Diego Rienzi, último presidente de la siderúrgica por Cosipar, ante la falta de respuesta entregarán una nueva nota a los accionistas privados, solicitando ya directamente autorización para negociar el alquiler de la fábrica, pues urge encontrar una salida este mismo mes.
“Hay varios grupos empresariales interesados, a los que queremos proponer el alquiler, y el plazo será por lo menos de 10 años para que puedan amortizar la inversión que deben hacer para poner a producir de nuevo la fábrica y que en este caso no será menor a los US$ 20 millones”, explicó la fuente.
Preguntado sobre si entre los interesados figura la firma brasileña Vetorial, Vinader respondió que sí, pero aclaró que también hay capitales paraguayos expectantes.
Lo que dice Cootrapar
La Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), con derechos sobre el 33,3% de las acciones de la acería, remitió ayer una carta al presidente de la República, Horacio Cartes, en la que pide una aclaración sobre lo que realmente quiere el Gobierno, pues por una parte, recientemente, les envió un emisario –Fernando Talavera– para plantearles que cedan sus acciones a favor del Estado, y luego Vinader, por nota A.J. Acepar N° 90/13, les solicitó “cooperación financiera” a fin de cubrir por tres meses el costo fijo (personal, comedor, transporte y otros, de US$ 1 millón mensuales); y para la inversión, “incluyendo el capital de giro, de US$ 7 millones, de una única vez, de modo a acompañar a esta administración judicial en precautelar los altos intereses de Acepar”.
La cooperativa, que tiene a Hugo González Chirico como principal dirigente, expresó su preocupación a Cartes ante esta situación, por considerar “indecorosa la propuesta hecha por quienes dicen ser representantes del Estado: la que otros hagan negocios con Acepar cuando que fuimos nosotros los trabajadores víctimas y a la vez denunciantes de las irregularidades administrativas y financieras que terminaron en la intervención judicial de la empresa siderúrgica, a iniciativa de su Gobierno”.
Por su parte, frente a esta posición de Cootrapar, fuentes de Cerro Lorito SA –la otra parte integrante de Cosipar– no mostraron mucho interés en hablar del tema. Ante la consulta, argumentaron que la posición en que están es muy difícil, pues ellos quedaron atrapados en medio de un conflicto a apenas ocho meses de haber negociado con el italoargentino Sergio Tasselli una participación en Acepar, justamente con la idea de invertir y sacarla adelante.
Arbitraje irá paralelo a intervención judicial
Además de la intervención judicial, el Gobierno impulsa paralelamente un arbitraje para la recuperación de Acepar a favor del Estado. Los trámites previos se llevan a cabo ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), cuyo reglamento debe utilizarse para estos casos según el contrato de compraventa suscrito en 1997 entre el Estado y el consorcio Cosipar. El Gobierno alega la violación de varias de las cláusulas de dicho acuerdo. El actual administrador, José L. Vinader, sostuvo que las alternativas que se están manejando hoy para poner de nuevo en marcha la producción es justamente para precautelar los intereses de las partes para cuando finalice el arbitraje.