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La misiva, firmada por Derlis López, secretario general adjunto, y Héctor Fleitas, secretario de Conflictos, dice que, “según las informaciones de los medios masivos de comunicación”, más licitaciones (irregulares) se habrían concretado, habiendo sido adjudicadas algunas de ellas mediante “maniobras direccionadas” a la empresa SICA, y donde también se habrían producido “enormes daños económicos en contra de Petropar y del Estado paraguayo”.
El escrito señala que “la mera destitución” del hasta hace poco presidente de Petropar, Rómulo Campos Krauer, así como la del Ing. Enrique Mieres Ortiz, de la UOC, y de Daniel Aparicio Rossi, asesor técnico del proyecto GLP (ambos ya durante la administración de Vargas), “no constituyen una sanción que guarde proporción con el daño patrimonial causado, y menos aún con un resarcimiento económico, ante la gravedad de los hechos denunciados”.
Añade que los mismos constituyen delitos tipificados en la legislación penal (lesión de confianza y otros), por lo que “por este medio este sindicato, en salvaguarda de la honorabilidad de sus asociados que se ven afectados por extensión de la supuesta conducta reprochable de algunos directivos de la empresa, exige la aclaración pública de los hechos denunciados, en particular de las dos últimas licitaciones referidas y en especial las medidas tomadas en el ámbito de la justicia, para castigar a los responsables de los mismos, considerando que por la gravedad del caso una auditoría interna carece de credibilidad”, argumenta.
Ministerio Público
En ese mismo contexto, el sindicato remitió una nota al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, solicitándole una audiencia, con el propósito de expresarle sus “inquietudes y propuestas” en relación al manejo institucional de Petropar, en función de los últimos acontecimientos que motivaron la destitución de Rómulo Campos Krauer.