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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) envió ayer a la prensa el “recurso de reconsideración” presentado a la Contraloría General de la República (CGR), en el que pide rever su postura contra todo el proceso de licitación, vía asociación público privada (APP), para modernizar el Silvio Pettirossi.
Aunque la CGR cuestionó el llamado desde sus inicios, confirmando las numerosas denuncias que se realizaron al respecto, y pese a que el propio Cartes dijo esta semana a varios periodistas que iba a “abortar” la APP, desde el MOPC dijeron ayer que no hay una orden del Ejecutivo de declarar desierta la licitación. Al contrario, según se informó, el ministerio dio la instrucción a la Comisión de Evaluación de reanudar su análisis sobre el proceso, de modo a elevar en la brevedad su informe. Este es el paso previo a la adjudicación, en el llamado en el que el virtual ganador es el consorcio integrado por la criticada Sacyr (España) y Agunsa (Chile).
En su presentación ante la CGR el MOPC defiende el proceso diciendo que involucró a la Secretaría Técnica de Planificación, Hacienda, Procuraduría y Aeronáutica Civil y que tuvo “asesoramiento de más alto nivel” del Banco Mundial, el Tesoro de los EE.UU., OACI y la consultora Deloitte & Touche. Añade que de declararse desierto el llamado se “pondría en tela de juicio la seguridad jurídica del sistema paraguayo” y haría “un daño irreparable a la imagen país”.
El documento, firmado únicamente por el ministro Ramón Jiménez Gaona, dice que el pedido de reconsideración es “respetuoso”, pero en la misma página demerita el trabajo técnico de la Contraloría, diciendo que sus argumentos fueron “superficiales”, y más adelante, señalando que se extralimitó en sus funciones, que no tiene fundamento, que “adolece de vicios graves” y hasta se contradice.
Reconoce que según la carta orgánica del ente, Ley 276/94, “sus conclusiones, recomendaciones y dictámenes serán de cumplimiento obligatorio para todos los organismos sujetos a su control” (Art. 16), pero luego se hace del desentendido señalando que “no resulta claro si la normativa legal de la Contraloría determina la obligatoriedad de los dictámenes emitidos”.