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La citada unidad fiscal, luego de recibir la denuncia realizada por el Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de Otras Entidades Financieras del Paraguay y comunicar la apertura de la investigación al juzgado penal de garantías, se constituyó a fines de marzo para verificar la existencia de la empresa denominada Karaku SRL, según los informes recogidos ayer en la Fiscalía.
Una vez ahí, sin embargo, los asistentes del fiscal Cabrera encontraron que en la dirección dada por la firma: Bruno Guggiari N° 2063 entre Asunción y Pirizal, barrio Palomar, no funciona ninguna oficina comercial sino una vivienda familiar, en este caso de María del Carmen Montiel Montiel, quien aparece como socia gerente en la constitución original de la firma investigada y que, de acuerdo a los datos manejados en la Fiscalía, habría sido empleada de una de las empresas de César Rodrigo Amarilla, exgerente de la Caja Bancaria en 2016.
ABC Color buscó hablar con Montiel, pero sus familiares señalaron que no se encontraba en la casa y no sabían cómo comunicarse con ella, por lo que se dejó el número telefónico del diario para que nos devuelva la llamada para conocer su versión del caso investigado.
La denuncia realizada por el Centro de Jubilados se basa en el resultado de la auditoría interna efectuada por la Caja Bancaria, en donde se llama la atención sobre la intervención de la empresa Karaku, que sin ser financiera estaba interviniendo como tal, en operaciones entre los jubilados, pensionados y la Caja Bancaria.
A través de Karaku 81 socios cancelaron sus créditos por más de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones) en el periodo entre 1 de mayo de 2016 y 1 de noviembre de 2016, que le dejó ganancias cercanas a G. 700 millones, lo que representaría 5% de comisión.
La operación consistía en que se cancelaban las deudas con cheques emitidos por Karaku con cargo Banco Continental, la Caja Bancaria aceptaba el cheque y sin confirmar los fondos, en tiempo récord, otorgaba un nuevo préstamo. Esto se hacía en el mismo día, en tres o cuatro horas, según la denuncia.
En la firma, constituida en 2009, también figura como socio Miguel Ángel Robledo Desh, tiene un capital social de G. 4 millones y no incluye entre sus actividades operaciones financieras, sino provisión de servicios de consultorías y equipos pequeños de informática.
Pide informes sobre firma
El fiscal Martín Cabrera, como parte de la investigación que realiza sobre las operaciones realizadas por la firma Karaku SRL con la Caja Bancaria, pidió informes a varias instituciones para conocer todos los antecedentes. En ese sentido, solicitó a la Seprelad que informe si existen reportes de operaciones sospechosas o si está realizando algún tipo de investigación; al IPS, el aporte obrero patronal de las empresas de Rodrigo Amarilla, exgerente de la Caja Bancaria; al Banco Continental, los extractos de cuentas; y a la Caja Bancaria, todo el informe de auditoría, cuentas canceladas por Karaku, créditos, entre otros. Más adelante llamará a declarar a las personas presuntamente involucradas.