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El contrato es por US$ 8,2 millones y se firmó en estos días pese a existir al momento de la suscripción una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que recomendaba suspender todo el proceso.
El referido contrato fue suscrito con el consorcio Cruz & Dávila-Electroconsult del Paraguay.
Tras varios días de solicitar al Ministerio de Obras más informaciones sobre el tema, sin que ningún funcionario, incluido el ministro Ramón Jiménez Gaona, se dignara en responder las consultas, ayer periodistas de este y otros medios estuvieron en el gabinete ministerial, pero las autoridades se negaron a recibirles.
En principio, anunciaron que la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, explicaría los alcances del contrato, pero luego dijeron que eso no iba a ser posible.
Cruz & Dávila, una de las empresas que forman parte del mencionado consorcio, es la firma a la que pertenecía Claudia Centurión, hoy directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, antes de pasar a cumplir esta función. La repartición ministerial a cargo de Centurión gestiona los proyectos considerados emblemáticos, como el ensanche de las rutas 2 y 7, justamente. Desde que se conoció su anterior vinculación a Cruz&Dávila, Centurión se niega a dar explicaciones a la prensa.
En cuanto a las dudas surgidas sobre este tema, se sabe que una de las pesquisas abiertas por la DNCP y que motivó luego la recomendación de suspender el proceso licitatorio, se inició tras una protesta presentada por el Consorcio Vial Este, al que ni siquiera se le permitió presentar su oferta económica, pues lo descalificaron en la etapa técnica.
Este consorcio denunció, y más tarde se comprobó, que las dos ofertas que seguían en carrera junto con la hoy adjudicada estaban salpicadas por hechos irregulares.
Es el caso de la empresa Typsa-Caen (US$ 10,2 millones). Typsa es la firma que por un contrato con la adjudicada para las obras (Sacyr-Ocho A-Mota Engil) se estaba haciendo cargo del diseño de la misma, y pretendía fiscalizar lo que ella misma diseñó. En el otro caso, el grupo Concretmat, que ofertó US$ 7,6 millones, acreditó como experiencia un supuesto contrato que nunca tuvo en Brasil.