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Dichos comercios pertenecen a la exconcejal y dirigente colorada Asunción Candia de Deggeller.
El procedimiento judicial, encabezado por el fiscal José Luis Casaccia, estuvo enmarcado dentro del operativo “Hendy” del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y funcionarios del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave).
Las mercaderías decomisadas fueron, entre otras, bebidas alcohólicas, aceites, picadillos y harina de origen argentino y de venta solo en dicho país.
El azúcar encontrada estaba en bolsas de ingenios azucareros nacionales, pero igual será sometida a análisis, debido a que varias bolsas vacías con inscripción de azucareras nacionales también se incautaron en el procedimiento. Igualmente dos depósitos propiedad de la dirigente política fueron allanados.
Todo lo incautado fue remitido al depósito del MIC, donde se inició un sumario para determinar el origen de la mercadería y las faltas en las que incurrió la firma mencionada. Así mismo el fiscal manifestó que espera la calificación que brindará el Detave para proceder a la imputación respectiva.
Los delitos a determinar son la “defraudación”, que es toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse, si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible.
En los hechos de defraudación, además del cobro del tributo aduanero diferencial, se impondrá al infractor y demás responsables una multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado el fisco.
En el caso de que se califique el hecho como contrabando, además de ser una infracción aduanera, representa un delito de acción penal pública, que puede ser sancionado hasta con cinco años de cárcel.