Cargando...
El Legislativo del Brasil había aprobado en enero de 2013 una ley mediante la cual disponía una serie de medidas respecto a las concesiones para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en aquel país. Al mismo tiempo estableció una reducción en las tarifas de consumo eléctrico domiciliaria e industrial.
En aquel entonces todavía no se conocía el informe preliminar elaborado por el afamado economista estadounidense Jeffrey Sachs, a pedido del Gobierno paraguayo, con relación al tema puntual de Itaipú.
Sin embargo, el 17 de mayo de 2013, el gobierno de Dilma Rousseff emitió la llamada Medida Provisoria Nº 615 (una especie de decreto ley que requiere de ratificación parlamentaria), mediante la cual modificó la mencionada ley de enero y autorizó al Tesoro de aquel país a emitir bonos contra la totalidad de la deuda de Itaipú, con el fin de anticipar recursos y cubrir los costos del rebalanceo tarifario.
Llamativamente, esta decisión fue asumida poco tiempo después de conocerse el informe preliminar de Sachs, que concluía que la deuda de Itaipú con sus acreedores brasileños (el sistema Eletrobrás fundamentalmente) ya había sido saldada.
Analistas paraguayos, entrevistados por ABC Color, creen que la maniobra de las autoridades del vecino país tiene como objetivo evitar una discusión a futuro sobre esta deuda, teniendo en cuenta que los “pagarés” firmados por Itaipú serán negociados y pasarán a manos de terceros. Con ello, el gobierno de Brasil podría argumentar que ya nada tiene por discutir con el Paraguay, porque los documentos ya están en manos de terceros.
¿Otro caso Gramont?
La jugada del gobierno brasileño puede ser asimilada a lo que ocurrió con el Paraguay en la gran estafa del caso Gramont Berres.
Este último, cuyo verdadero nombre era Benjamín Avzarradel Levy, había gestionado y conseguido en 1986 dos préstamos para sus empresas privadas Rosi S.A. y Lapachos de San Isidro S.A., para supuestamente instalar una industria.
Gramont falsificó burdamente documentos oficiales para endeudar al Paraguay. Los préstamos nunca fueron autorizados por el Congreso nacional, requisito fundamental para comprometer al Estado.
El banco que le “prestó” el dinero fue el Overland Trust, que antes de desaparecer del sistema financiero vendió los “pagarés” de la deuda Gramont a un sindicato de 10 bancos europeos, los que finalmente denunciaron al Paraguay en 1995 y obtuvieron en el 2005 una condena de la justicia suiza, que ordenó a nuestro país el pago de US$ 85 millones a un total de 10 entidades bancarias.
Así como están las cosas, el riesgo es que el caso Itaipú se convierta de nuevo para el país en un caso Gramont.