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Ley de responsabilidad fiscal
Como ciudadano constituyente me siento en la obligación moral de afirmar mi convicción de que una ley de responsabilidad fiscal no puede en modo alguno ser tachada de inconstitucional. Me baso en los siguientes argumentos:
1. Art. 3° de la Constitución: “El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”.
2. Art. 238 de la Constitución. De los deberes y atribuciones del Presidente de la República: “Representar al Estado y dirigir la administración general del país”. Una racional administración exige una ley de responsabilidad fiscal, que precautele, entre otros atributos, la misma estabilidad del signo monetario.
3. Art. 202 de la Constitución. De los deberes y atribuciones del Congreso: “Sancionar anualmente la Ley del Presupuesto General de la Nación”. Hartos de más de 3 décadas de dictadura, la Convención Nacional Constituyente de 1992 echó las bases de una República cuasiparlamentaria, ya que no tiene primer ministro. Bien harían el Congreso, y eventualmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en comprender que es imperativo que no se le dificulte al Presidente de la República salvaguardar el equilibrio fiscal.
El Congreso, en uso de sus atribuciones, podría eventualmente modificar prioridades y redistribuir partidas, pero respetando la expectativa de ingresos y el equilibrio presupuestario, labor que es privativa del Poder Ejecutivo, a tenor del mencionado texto del Art. 238 de la Constitución.
Me mueve a publicar este breve alegato la circunstancia de haber vivido durante 5 años en el Perú, desde 1983 a 1988, cumpliendo una consultoría internacional ligada a la salud pública, coincidiendo con los años críticos de una hiperinflación prolongada que superaba largamente los 3 dígitos. Puedo asegurar que es el peor impuesto que debe soportar, con mayor intensidad, la gente humilde.
Con la esperanza de haber cumplido con mi obligación ciudadana, hago votos porque el Congreso entienda que una ley de responsabilidad fiscal no cercena sus atribuciones, sino vela por dos de las conquistas que ha logrado nuestro país en las últimas décadas: crecimiento económico e inflación controlada. La experiencia histórica nos recuerda que el déficit presupuestario descontrolado lleva inexorablemente a la emisión monetaria inorgánica y esta a la hiperinflación.
Sinforiano Rodríguez
Podredumbre de la clase política
Es muy plausible la actitud de suprimir el Despacho de la Primera Dama, que nunca hubiese existido, pues para lo único que sirvió fue para crear otro antro de corrupción dentro del paquidérmico Estado paraguayo, que viene siendo “esquilmado” por una clase política corrupta, inoperante y tremendamente insensible con las necesidades del pueblo. Debería continuar con la supresión del cargo de vicepresidente de la República que no sirve para otra cosa que para “recaudar y conspirar”. La lista debería continuar con la supresión de los “contratados” en la Justicia Electoral a quienes se les paga para que ejerzan tareas “domésticas” a favor de nuestros legisladores, conformados por analfabetos funcionales y ahora también por periodistas que siguen haciendo sus noticieros y programas “aburridos del saber” con sponsor de poderosas empresas privadas que no les está permitido por ley, en todo caso si quieren seguir haciendo sus noticiarios deberían renunciar a sus bancas. Si seguimos así faltaría que la diputada Tarragó siga contando “chismes” y al mismo tiempo sea designada por la Cámara de Diputados para hablar sobre “la seguridad nacional”, que otro pornodiputado, un tal Amarilla, que vació las arcas de la Universidad Nacional siga como director financiero en la misma para que siga delinquiendo.
Este país debe cambiar y el ejemplo debería provenir de sus autoridades. Por otro lado, es evidente que existe un pacto de impunidad pues cuando se echó al exobispo corrupto y libidinoso nadie fue investigado y los cortes administrativos sirvieron solo para cumplir una parodia. Lo mismo ocurre con Horacio Cartes cuyos ministros tienen “miedo” hasta de hablar. No existe una auditoría sobre la gestión de sus antecesores dando la sensación de que es fácil “robar” 5 años, comprar casaquintas, cortar el césped con tractorcitos, comprar medicamentos oncológicos vencidos, autos lujosos, paladas iniciales, vender gasoíl cancerígeno y unos meses antes de dejar sus cargos, firmar un “acuerdo político” para que esto quede en el oparei.
Insto a Cartes a que ordene una profunda auditoría y cumpla con su promesa de informar sobre el latrocinio de la era Franco, Lugo y antecesores, para demostrar que el acuerdo no significa “impunidad” y que no basta con simples discursos, ni abrazos con el “democrático” Nicolás Maduro, ni proyectos de ley de responsabilidad fiscal si no existe un castigo para aquellos que confundieron al Estado con su billetera, estafando al pueblo al que dicen representar.
Arnaldo Gaona