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Avisen a Discovery Channel
Más de uno se habrá sorprendido con esta noticia: Los concejales de nuestra capital, Yamil Esgaib y Hugo Ramírez, propusieron como medida de urgencia ante la inseguridad, la prohibición del uso de cascos a los motociclistas. En algún rincón de sus mentes, se concibió la idea de que esa medida reducirá la inseguridad en las calles, y específicamente a los “motochorros”. Me pregunto: ¿cuánto tiempo habrán dedicado a pensar en una solución tan brillante?
Indignado, escribí al concejal Ramírez. Le pregunté, por Twitter, si acaso no se les ocurrió por ejemplo obligar a grabar el número de chapa en el casco. Solución a mi criterio más sensata. Para mi sorpresa me responde: “A mi parecer esa no es la solución ya que no me da la certeza que sea del dueño de la moto”.
A ver si entendí. ¿Si el número de chapa no da la certeza de que quien maneje la motocicleta es el dueño, lo dará el rostro del sujeto que maneja? ¡Pensemos, por favor! Para eso está la ley, para presumir que fue el dueño. Y llegando al dueño se llega al responsable. Señor concejal, le aseguro que un chaleco y un casco de uso obligatorio, con el mismo número de chapa que la motocicleta, producirá lo que no lo hará su propuesta: identificar al motochorro. Le aseguro también que cuando te ponen el fierro en la frente, acordarse del rostro del criminal es casi tan imposible como atajar el plomo con la mirada.
Paralelamente, servirá para regularizar el problema de las motos sin chapa. Trabajando en conjunto con la policía, que deberá establecer controles para verificar la coincidencia del chaleco, el casco y el número de chapa. Y de no haberla, inhabilitar al conductor para circular.
Esta es solo una solución que se me ocurre, no será la mejor, pero tengo fe en ella. De ninguna manera puede permitirse la prohibición del uso de los cascos para reducir una inseguridad a cambio de aumentar otra y mucho más grave, que es la vida de quienes utilizan una moto como medio de transporte, el cual irá en aumento si la calidad del transporte público sigue siendo vergonzosa. Si se llegara a prohibir el uso del casco, quienes manejamos automóviles nos convertiremos automáticamente en homicidas potenciales cada vez que salgamos a las calles. Y eso, es algo que los ciudadanos no podemos jamás permitir.
Avisen a Discovery Channel, que todavía existen ejemplares de Homo Erectus en nuestro país. Están vivos y hasta gobiernan.
Rodrigo Ayala Miret
Inseguridad
Ante la creciente e incontenible ola de asaltos y violencia en la vía pública, resulta insoportable y angustiante la falta de propuestas inteligentes y viables, producto de la falta de imaginación y de la mediocridad política.
Todos, sin excepción, aseguran que se debe reforzar la seguridad sin exponer cómo se combatirá el mal.
Se sabe que los agentes o vectores principales son la propia policía y los motochorros o peajeros. Los primeros se constituyen en un mal endémico difícil de neutralizar a corto plazo; los otros, son jóvenes y adolescentes de escasos recursos, marginales y sin ninguna expectativa positiva en sus vidas que deben ser rescatados de la marginalidad. Empiezan a corta edad y se profesionalizan rápidamente en la delincuencia, ante la falta de oportunidades y la nula oferta de una solución razonable, que no sea la de proponer confrontarlos con leyes más duras que los envíe y los mantenga en la cárcel.
Se me ocurre que una de las opciones para salvar a una gran parte de estos jóvenes y descomprimir de esta angustia a la sociedad es la restauración del servicio militar obligatorio, bajo nuevas reglas y orientado a la educación básica y capacitación, tal como se está proyectando en las instituciones penales hoy. No esperemos que delincan para capacitarlos y entrenarlos.
¿Quiénes son sujetos de prestar el SMO? Los ciudadanos que no ofrezcan constancia de estudios secundarios presentes o terminados y los que no acrediten un oficio, empleo o autosustento a través de alguna actividad lícita. Cómo y dónde: en instituciones militares adecuadas y equipadas para el efecto (inversión con recursos específicos para el fin).
Casos de fuga o abandono: se los considera desertores y remitidos a un centro de mayor seguridad, que podría ubicarse en el Chaco, por un periodo razonable de tiempo y con énfasis en producción agrícola autosustentable.
Es mejor intentar neutralizar el mal en su origen y minimizar su proliferación y no esperar su desarrollo y multiplicación, con los lamentables y cotidianos efectos violentos. Las organizaciones de Derechos Humanos que se abstengan de oponerse, salvo que ofrezcan mejores opciones.
Hugo M. Leguizamón