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La referida ley, que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito, impone un límite a la tasa de interés aplicada a las compras financiadas con los plásticos (hoy 13,39%)
La consultora MF señala que entre los años 2015, 2016 y 2017 se observan disminuciones en compras con tarjetas de crédito de líneas menores. En ese contexto, las compras totales en el segmento de tarjetas clásica disminuyeron en G. 98.000 millones (US$ 17,8 millones al cambio vigente) en el 2016, lo que equivale a 16%, y siguió cayendo levemente en 2017.
En cambio, señala el estudio, en los segmentos de líneas mayores como las tarjetas oro y premium se observan aumentos progresivos con respecto a las compras realizadas en 2015, especialmente en el segmento premium, donde el volumen de compras anuales con tarjetas de crédito aumentó un 23% en el 2016 y un 30% en el 2017.
Antes de la vigencia
El análisis indica que desde setiembre de 2015, fecha cercana a la entrada en vigencia de la ley de tarjetas, el número de tarjetas de crédito se redujo en 122.000 a diciembre de 2017, lo que representó una disminución de 12%.
“De manera específica, hubo una reducción de 15% entre las tarjetas clásicas de líneas menores, las oro disminuyeron en 2%, mientras que las premium aumentaron en 42%”, expresa el informe elaborado por la consultora.
MF Economía expresa que la reducción en el número de tarjetas en el segmento clásica se representaría en la disminución en el volumen de compras en supermercados en ese segmento. “Es decir, aquellos de menores ingresos habrían experimentado una reducción en su acceso a recursos de financiamiento dentro del sistema financiero, mientras que aquellos que pudieron mantener sus tarjetas, los usuarios de mayores ingresos, se habrían beneficiado por las menores tasas de interés”.
Crítica empresarial
Los resultados de este estudio coinciden precisamente con lo que señalan los empresarios al cuestionar la vigencia de la ley de tarjetas, porque terminó perjudicando a la gente de menores ingresos, que ya no acceden a este instrumento financiero y, por el contrario, recurren a los usureros y casas de crédito no reguladas que cobran hasta un 90% de interés.
Además, indican que esta ley solo beneficia a los segmentos de la población de mayores ingresos con tasas bajas.
Para la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Lorena Méndez, es poco aún el tiempo de vigencia de esta ley para hablar de liberar de nuevo las tasas. A su criterio, todavía se tiene un alto nivel de endeudamiento en una población vulnerable, por lo que cree que existen otros puntos sobre los cuales trabajar primero.