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La jueza Tania Carolina Irún ordena al Ministerio de Hacienda pagar casi cuatro millones de dólares a Alfredo Sebastián Jaeggli.
En el año 2008, Alfredo Jaeggli (h) ofreció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la venta de 1.500 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná.
El inmueble debía ser entregado a los ava guaraní, en el marco del programa de mitigación de impacto ambiental por construcción de rutas en la región.
Alfredo Jaeggli (h) y el MOPC establecieron un contrato en torno al inmueble: el MOPC se comprometió a pagar dos millones de dólares y Jaeggli asumió el compromiso de entregar la tierra con documentos plenamente regularizados.
En aquel momento, ABC Color inició una investigación en torno al contrato.
El resultado no pudo ser peor: la Dirección Nacional de Catastro confirmó que el inmueble en Itakyry no existía.
La serie de reportajes alertaban una posible estafa en perjuicio del Estado paraguayo. El MOPC resolvió no pagar a Alfredo Sebastián Jaeggli por una tierra que hasta hoy no se logra localizar. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera el vendedor.
Su padre, Alfredo Jaeggli, ocupaba en ese momento una banca en la Cámara de Senadores: se enojó mucho el señor por las publicaciones y sobre todo porque no pudieron cobrar esos dos millones de dólares.
Jaeggli vuelve a la carga
Las tierras que en el año 2008 fueron cotizadas en dos millones de dólares hoy tienen un notable sobrecosto: cuatro millones de dólares.
Alfredo Jaeggli (h) no renunció a la intención de colocar el título de propiedad de una tierra que nadie conoce.
Desde el punto de vista técnico no tiene cómo demostrar que el inmueble existe realmente.
Entonces, la mejor opción para forzar el pago es el Poder Judicial. Nuestros jueces son muy particulares: no les interesa ni la justicia, ni la verdad ni la equidad.
Por eso resulta fácil ganar juicios al Estado o bien obtener millonarias regulaciones de honorarios profesionales en perjuicio del Tesoro Público.
Alfredo Jaeggli (h) encontró una aliada oportuna en la jueza civil y comercial Tania Carolina Irún, la misma profesional que cumplía la función de actuaria en el juzgado cuando comenzó el proceso contra el Estado.
Irún, convertida en jueza, utiliza su poder para forzar al Ministerio de Hacienda la entrega de cuatro millones de dólares a Jaeggli.
Entre diciembre y abril del corriente, Tania Carolina Irún remitió 5 notificaciones a la ministra Lea Giménez intimando el pago por un inmueble que el MOPC jamás recibió.
En ese mismo lapso, la Abogacía del Tesoro remitió a su juzgado todos los antecedentes, certificados y peritajes que confirman que la tierra no existe.
Ni le interesó. Al contrario. El pasado 10 de abril, Tania Carolina Irún presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la ministra Lea Giménez por desacato.
La magistrada sostiene que la titular de Hacienda es responsable del delito de desacato porque no cumplió su orden de entregar cuatro millones de dólares a Alfredo Jaeggli (h) en un plazo perentorio de 24 horas.
Pasando por alto el sistema burocrático que rige la administración pública, el Poder Judicial pretende obligar al Ministerio de Hacienda a transferir semejante cantidad de dinero en apenas horas.
En dos oportunidades la jueza Irún emplazó a Lea Giménez a pagar en 24 horas, en febrero último y luego en abril.
Llama la atención el apuro de la jueza. Y también su enojo.
¿Existe la posibilidad de que Tania Carolina Irún intente adelantar el mes de diciembre y así cobrar su aguinaldo?
La magistrada Irún se muestra fiel al Poder Judicial de nuestro país: no tiene interés en la verdad y menos aún en la justicia.
Sin duda alguna, resulta sospechoso su apuro en lograr que el Ministerio de Hacienda pague cuatro millones de dólares.
La Dirección de Catastro confirmó que el inmueble no existe; el titular del Indert, Justo Cárdenas, dijo lo mismo ¿porqué Irún insiste en que se pague a Jaeggli?
roque@abc.com.py