Luego de casi dos meses de analizar los documentos firmados entre la citada empresa privada y la entidad pública, decidió enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República. El caso guarda relación con un contrato directo de G. 6.000 millones para la provisión del Sistema Sofía y un anexo que le permite a SIF América administrar por diez años el cobro de las tasas. Por esta concesión, SIF cobrará el 2,5% por cada tasa portuaria, lo que se elevará al 10% una vez superada la línea base de G. 7.700 millones de facturación (de G. 84.000 millones al año).
La DNCP reconoce que la institución pública ocultó el anexo firmado con SIF América, señalando “que es oportuno traer a colación los principios de Economía y Eficiencia, como así también los de Transparencia y Publicidad, y en ese entendimiento recordamos a la convocante la posibilidad de publicar en el portal SICP las documentaciones relativas a las contrataciones excluidas de la ley”.
Añade que “lo establecido en su carta orgánica en cuanto a la suscripción de alianzas comerciales y de operativa estratégica con empresas del sector privado no puede tomarse como causa justificante para la no aplicación del derecho público vigente, sino para que dentro del margen de la discrecionalidad que el mismo otorga, se analicen y eventualmente se apliquen las herramientas del Derecho privado”.
