“El Indert está en una guerra jurídica con el señor Hugo González, quien posee una importante cantidad de hectáreas en Punta Pistola sin ser sujeto de la reforma agraria”, dijo Cárdenas en conferencia de prensa. Sin embargo, no ha podido explicar por qué él mismo firmó un polémico acuerdo de permuta con González y otros paraguayos, por medio del cual se comprometió a entregar otras tierras a estas personas si ellas accedían a ceder sus parcelas, de modo a usarlas como parte de Santa Lucía.
Inclusive, hizo dicho procedimiento sin contar con el visto bueno de la Junta Asesora y de Control del ente.
Según el documento, firmado por Cárdenas y los hoy llamados “no beneficiarios de la reforma agraria” el 15 de junio de 2015, los ocupantes acceden a entregar la posesión de sus fincas (pagadas el 100% entre 2003 y 2007) con la condición de que el ente les dé, en el marco de un canje, tierras de la colonia 8 de Diciembre, de Itakyry, en un lapso de 90 días.
Sin embargo, ese plazo feneció el año pasado y los pobladores no recibieron otras fincas; al contrario, el ente intenta sacarlos recurriendo a acciones para desalojo y según señalan los afectados, violando el debido proceso y las leyes.
Independientemente a quién tiene razón, que se definirá jurídicamente, lo contradictorio es que Cárdenas reconoció el derecho de estos compatriotas al firmar el acuerdo de permuta y hoy se contradice al decir que no son beneficiarios.
ABC quiso hablar sobre el tema con el titular del Indert, pero ayer en su oficina nos dijeron que él no se encontraba. Tampoco respondió los mensajes enviados a su celular con terminación 211.