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Los jubilados bancarios se reunieron anoche en la sede del Centro de Jubilados para analizar el caso que involucraría a una firma privada con operaciones realizadas en la Caja Bancaria y los nuevos elementos que existen en torno a la investigación que realiza la Fiscalía.
El titular de la entidad, Amancio Abel Florentín, hizo un relato de la denuncia presentada en representación del citado gremio a finales de febrero pasado, señalando que surgió a partir de que tomaron conocimiento del resultado de la auditoría realizada a la Caja Bancaria y en donde se señala que llamó la atención la intervención de la firma Karaku SRL, que sin ser financiera estaba interviniendo en operaciones entre los jubilados, pensionados y la Caja Bancaria.
La empresa, según los informes, está conformada por Miguel Ángel Robledo Desh, como socio, y María del Carmen Montiel Montiel, como socio gerente.
Florentín alegó que en un plazo de seis meses la referida firma logró participar en 2016 en forma directa en el giro financiero de la Caja Bancaria por un monto de más de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones), que afecta a 81 beneficiarios, obteniendo así una renta cercana a los G. 700 millones (US$ 126.000) por esa operación.
Vulneran controles
La denuncia ante la Fiscalía menciona como llamativo el hecho de que presuntamente se hayan vulnerado todos los controles internos implementados en la entidad, considerando que la empresa Karaku cancela mediante su cheque cargo Banco Continental las deudas de los beneficiarios a primera hora del día, y al mismo beneficiario se le otorga un nuevo crédito al mediodía de esa misma fecha. Por este proceso habría percibido 5% del total de la operación.
También se menciona que en el periodo en que ocurrieron los hechos estuvo como gerente general de la Caja Bancaria César Rodrigo Amarilla, y consideran que existe elementos de que tiene “relación cercana” con representantes de la citada empresa, por lo que piden a la Fiscalía corroborar esta situación.
Florentín señaló anoche que los cheques emitidos por la firma fueron cobrados por la Caja Bancaria antes de que se confirmara si tenía fondos, procedimiento considerado irregular.