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Al confirmarse que Sacyr, oferente del aeropuerto, faltó a la verdad en su oferta, negando sus trámites judiciales por contratos en otros países, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su titular, Ramón Jiménez Gaona, está obligado a ejecutar la póliza de mantenimiento de oferta de unos 6 millones de dólares, que pertenece a Royal Seguros SA, de Juan C. López Moreira, jefe del gabinete de Cartes, según una fuente jurídica especializada en delitos económicos a la que consultamos.
“De lo contrario se expone a ser procesado por la comisión del delito de lesión de confianza por conducta omisiva”, explicó el especialista, que pidió no ser citado.
El delito de lesión de confianza está tipificado en el inciso 1 del artículo 192 del Código Penal, que reza cuanto sigue: “El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad o multa”.
En el inciso 2 del referido artículo se señala que “en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años”.
Según la fuente jurídica, en este caso se dará una conducta omisiva, no activa, si se omite ejecutar la póliza.
Por la comisión de este mismo delito, y también por la configuración de la conducta omisiva, fue procesado por ejemplo en su momento el exministro Rafael Filizzola, que también omitió ejecutar una póliza a favor del Estado, ocasionándole un millonario perjuicio.
Como la responsabilidad penal es personal, quien se expone a ser procesado por lesión de confianza por conducta omisiva es el ministro Jiménez Gaona, aunque, según la fuente, se puede establecer una cadena de responsabilidades en varios grados de participación.
El documento al que ABC Color tuvo acceso (ver facsímil) y que confirma que Sacyr mintió en su oferta al negar sus procesos en Panamá, Colombia y España (ver infografía), obra en poder del MOPC desde junio del año pasado.
Miembros del comité evaluador, denunciados
Días atrás, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Seodinac) presentó una denuncia penal contra todos los miembros del comité evaluador de esta licitación, por el delito de “producción de documento público de contenido falso”, tipificado en el Art. 250 del Código Penal. El sindicato se refiere específicamente a un dictamen elaborado por el director jurídico de Obras Públicas, Dionisio Mereles, a pedido de la directora de proyectos estratégicos, Claudia Centurión, que niega los antecedentes de incumplimiento de Sacyr, para dejarle en carrera y hoy es el oferente que está más cerca de ser adjudicado con este contrato de 30 años.
El comité denunciado ante la justicia está integrado por los ministros Santiago Peña, de Hacienda; Emiliano R. Fernández, STP; Agustín Encina, Claudia Centurión y Ricardo Riego, funcionarios del MOPC; y Víctor Velázquez, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y unos 40 técnicos. La denuncia penal hecha por los miembros del sindicato de Dinac incluyó también a los funcionarios: Juan Manuel Cano, viceministro de Obras; Dionisio Mereles, director jurídico y autor del polémico dictamen; y Lilian Cañete, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC. Desde hace un tiempo Jiménez Gaona no responde a nuestra consulta sobre este y otros temas, pero el diario queda abierto a recibir su versión al respecto.