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Al respecto la senadora Mirtha E. Palacios, presidenta de la Comisión de Infraestructura del Parlamento del Mercosur, recordó que cuando convocaron a los responsables del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) recibieron informes que no coincidían con la realidad, que guarda relación con la situación de la parte inundable de la población y la reubicación de más de 1.000 familias bañadenses.
Dijo que por estas razones se ha solicitado la realización de una gran audiencia pública en las instalaciones del Congreso Nacional de Paraguay, en la cual confirmaron su participación el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y el viceministro, Juan Manuel Cano, encargado de la parte técnica. También se ha convocado a la ministra de Senavitat, Soledad Núñez, para informar cómo se manejó la reubicación; asimismo, el ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), el de Acción Social, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, el presidente de Essap y a más de 150 organizaciones civiles y, sobre todo, los afectados.
Añadió que no quieren que esta audiencia pública se convierta en una “simple catarsis” o en algo que no lleve a una solución de la problemática, sino a un compromiso, teniendo en cuenta que ya se han creado varias mesas de trabajo que nunca coinciden en las acciones que hay que llevar adelante.
“Siempre hay desencuentros, pero ahora queremos un compromiso, porque también vienen los cinco senadores integrantes de la Comisión de Infraestructura del Mercosur”, dijo.
Por su parte, el parlasuriano Ricardo Canese afirmó que la organización del evento obedece a la inquietud de miles de familias del Bañado Norte afectadas por la construcción de la costanera, que va desde General Santos hasta Primer Presidente. “Hay centenares que están directamente afectadas por el trazado que, debido a que ya comenzaron las obras, ya perdieron sus casas con el rellenado del terreno y no les han dado una solución habitacional, sino una pequeña indemnización”, dijo.
No fueron consultados
El ingeniero añadió que la obra recibe el financiamiento del Focem, que busca reducir las asimetrías mas también precautelar los derechos humanos e inclusive mejorarlos. “Pero hemos recibido denuncias de centenares de organizaciones sociales, de parroquias, escuelas, clubes deportivos, radios comunitarias, etc., que ni siquiera fueron consultados en cuanto a sus derechos afectados”, puntualizó.