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ITAKYRY, Alto Paraná (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El vicepresidente de Industrial Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) explicó ayer que la empresa adquirió 819 hectáreas en esta localidad pero que hay una superposición de títulos, pues también el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) posee documentos. El sitio del conflicto está cerca de un área conocida como Colonia Colorado’i, a unos 10 km de Itakyry, hacia San Alberto.
En diálogo con ABC Cardinal, Olmedo dijo que, atendiendo la superposición, hace más de cinco años llegaron a un acuerdo verbal con el Indi, a partir del cual la empresa no incursiona en unas 390 ha donde estaban los indígenas, y solo trabaja en las 420 ha restantes.
En este contexto, el vicepresidente de Inpasa afirmó que los guardias privados, que están apostados en la estancia para custodiar maquinaria, no tuvieron nada que ver con el ataque a la comunidad Ava Guaraní Ysati. Aseguró que tampoco los representantes legales de la firma tuvieron nada que ver en el conflicto. Dijo que si Roberto De Souza, gerente de compras de maíz, estuvo por la región, habrá sido para adquirir granos.
En su opinión, la quema de una veintena de viviendas y el desmonte de la escuela de Ysati se habrían dado en medio de una disputa entre caciques, debido a que desde hace tiempo ellos negocian el alquiler de las tierras de sus comunidades para la agricultura mecanizada y la producción de granos, como la soja. “Esto que ahora ocurrió es un problema entre caciques; uno de nombre Luciano Villalba. Él y su parcialidad o comunidad decidieron ir a Ybyrarobaná y existe un documento firmado por escritura. Son varios caciques que se disputan la tierra. Ahí hay una zona de agricultura mecanizada; el conflicto de interés representa el valor monetario de arrendar las tierras”, acotó.
Por su parte, el dirigente de Ysati, Ricardo Orrego, y su abogado, Reinaldo Lugo, insistieron en que el ataque ocurrido entre el lunes por la tarde y martes de madrugada fue ejecutado por guardias de Inpasa, en compañía del gerente Roberto De Souza y del excacique de la comunidad, Luciano Villalba. Los “capangas” prendieron fuego a unas 15 casas y desmantelaron la escuela Karay Poty, además de realizar disparos con armas de fuego. Ahora los aborígenes se disponen a construir de nuevo.
El caso está siendo investigado por el fiscal de Minga Porã, Víctor Santander, quien remitió varios pedidos con carácter de urgencia a Inpasa, a la que consulta cuáles son las fincas que le pertenecen y cuál es la nómina de guardias que estaban en el lugar el 8 de mayo. El presidente del Indi, Aldo Zaldívar, prometió a los indígenas que visitará el lugar en los próximos días.