Ingeniera ligada a Ocho A trabajaba en APP, admiten

El Ministerio de Obras Públicas reconoció que la ingeniera Jacqueline de Oliveira, hija de un accionista de Ocho A, trabajaba en temas relacionados con proyectos de alianza público-privada, pero argumenta que no tenía poder de decisión. Ella cumplía funciones en la oficina en la que se diseñaron los pliegos de rutas 2 y 7 y de otras licitaciones en las que concursó Ocho A.

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El Ministerio de Obras Públicas hizo su descargo en un comunicado en el que niega que Eudes de Oliveira sea accionista de Ocho A, aún cuando aparece como tal en varios registros comerciales al día de hoy. Su hija Jacqueline de Oliveira, al tiempo en que se articulaba y adjudicaba la APP de las rutas 2 y 7 al consorcio integrado por Ocho A, trabajaba en el MOPC y cumplía funciones relacionadas a proyectos de la alianza público-privada, según reconoce el mismo Ministerio.

Ayer, nuevamente intentamos comunicarnos con el ingeniero Luis Pettengill, representante de Ocho A para preguntarle por qué Eudes de Oliveira figura como accionista en Ocho A, aún cuando el MOPC afirma lo contrario, pero no respondió las llamadas a su celular con terminación 910.

¿Es pero no es?

“La Ing. Jacqueline de Oliveira no fue miembro de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la licitación de la ampliación de las rutas 2 y 7. Fue una consultora de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la que accedió a través de un contrato con la firma Jobs, en el marco del programa de apoyo a la gestión de Recursos Humanos. En su carácter de consultora participó de actividades relacionadas con el proceso de licitación, pero nunca tuvo responsabilidades de decisión”, dice el comunicado del MOPC.

Esto indica que la funcionaria en cuestión cumplía funciones en la oficina en la que se diseñaron los pliegos de esta y de otras licitaciones en las cuales también concursó la empresa vinculada a su padre. La ley que regula el régimen de contratación vía alianza público-privada prohíbe la participación de empresas ligadas a funcionarios del MOPC, lo que significa que el consorcio debió haber sido descalificado en este llamado; sin embargo, fue adjudicado.

Acerca del contrato

El contrato de duplicación de las rutas 2 y 7 fue adjudicado en medio de mucha polémica, tras descubrirse que el socio principal del consorcio, Sacyr, tenía múltiples conflictos judiciales en otros países que también debieron dejarle fuera de competencia. Pero como ya casi es costumbre, el MOPC dejó pasar eso y le adjudicó el contrato.

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