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En la serie de denuncias sobre el “negocio” de los pozos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), había saltado a la luz la existencia de un aparente esquema de coimas por medio del cual las ONG adjudicadas debían entregar 30% del monto total “para la corona”, que en general se cobraban en efectivo.
Sin embargo, también se denunció que el mismo Ochipinti recibía dinero en su cuenta bancaria privada, en su carácter de titular del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) y principal responsable de las obras.
Según la imputación del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández, se comprobó que representantes de tres ONG que estaban encargadas de realizar la perforación de pozos de agua potable depositaron G. 89.000.000 en la cuenta bancaria del funcionario, por lo que este fue imputado por cohecho pasivo, en calidad de autor.
El escrito forense señala que Derlis Antonio Riveros López, presidente de la organización “Esperanza”, depositó G. 30.000.000 en el Banco Itaú, a la cuenta particular del director del Fides, el 23 de junio de 2015.
Esta asociación firmó contrato el 17 de diciembre de 2015 con el Indert por G. 2.761.885.088, para la provisión de agua potable. Sin embargo, los documentos oficiales de la entidad estatal no muestran que haya recibido desembolso alguno.
Por su parte, Blanca Lorena Godoy Enciso, presidenta de la “Asociación Cooperativa Implementadas con organizaciones Nacionales-Acción”, depositó G. 24.000.000. Esta asociación recibió el 11 de enero de 2016 un primer desembolso de G. 980.247.271, de un total previsto de G. 1.633.745.451.
De igual manera, el fundador de la “Organización 13 de Enero”, Arnaldo Espínola Fidabel, realizó dos depósitos en la cuenta de Ochipinti, el primero de G. 15.000.000 y otro de G. 20.000.000. Con relación a los desembolsos, el Indert entregó a esta organización G. 3.141.543.290, de un total previsto de 5.235.905.483 guaraníes.
Riveros, Godoy y Espínola fueron imputados por soborno, en grado de autor. De acuerdo con los datos no oficiales, las demás ONG que trabajaron con el Indert y que fueron adjudicadas por más de US$ 21 millones también habrían coimeado.
Ayer, la Fiscalía solicitó medidas alternativas para los imputados y G. 50.000.000 de fianza real o personal. La causa está en manos del juez penal de garantías, Óscar Delgado.