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Las instituciones tienen hasta la próxima semana para cargar su programación de gastos de todo el año en el sistema, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la ejecución del presupuesto, tales como los destinados a alimento escolar, servicios básicos, inversión social y otros considerados prioritarios.
La idea es que una vez cumplida esta etapa, la Presidencia de la República emita el decreto confirmando los topes de gastos que serán financiados con recursos del Tesoro para las distintas instituciones.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, había adelantado que el plan financiero prevé un monto superior a lo que ejecutaron las entidades en 2015.
Los recortes de gastos serían superiores a los G. 600.000 millones (US$ 101,6 millones al cambio vigente) que en principio se había manejado, de tal manera a contener el déficit fiscal dentro de los límites de 1,5% del PIB fijado en la ley de responsabilidad fiscal.
Los gastos que serán reducidos corresponden exclusivamente a los que se financian con recursos del Tesoro o provenientes de impuestos, pero aquellos que se financian con créditos o recursos institucionales no sufrirán variación.