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Ayer, en la Comandancia de la Policía Nacional se reunieron dos representantes del citado gremio, Manuel Riera y Liliana Cabrera, con el viceministro de Seguridad Interna (ministro del Interior en ejercicio), Hugo Sosa Pasmor; el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi; el titular del Indert, Horacio Manuel Torres; el comandante de la Policía, Crio. Gral. Walter Vázquez, y la fiscala adjunta de Caaguazú, Gilda Villalba.
En la ocasión se habló justamente de la necesidad de que la Policía acompañe y respalde el cumplimiento de las órdenes judiciales y acciones de la Fiscalía para el desalojo de grupos de personas que ocupan propiedades privadas y que constituyen causas de conflictos.
Se refirieron específicamente a los casos de Pindo’i y Guahory, distrito de Tembiaporã, Dpto. de Caaguazú, donde campesinos ocupan predios que alegan serían tierras públicas. Sin embargo, colonos de origen brasileño radicados en nuestro país, dicen que esas tierras son propiedades privadas, por lo que piden que las autoridades actúen de modo que puedan hacer los trabajos de siembra y producción de soja en sus parcelas.
Desde inicio de esta semana los colonos afectados por la invasión de sus tierras salieron a la ruta en caravana, con máquinas, para exigir al Gobierno que solucione de una vez por todas los conflictos de tierra y se pueda trabajar en paz. Indican que en la actualidad los ocupantes no les dejan hacer los cuidados culturales ni la fumigación para combatir la plaga que afecta a la soja.
Según lo expresado por Manuel Riera al término de la reunión y confirmado por Sosa Pasmor ante consulta telefónica, la Policía se comprometió a acompañar el cumplimiento de las órdenes de desalojo. “Prometieron que harían todo lo posible para que toda esa gente (que participa del tractorazo) pueda trabajar tranquila a partir de ahora”, expresó Riera.
En tanto, el ministro de Agricultura y Ganadería y el titular del Indert, se comprometieron a seguir haciendo gestiones para la compra de tierras en las cercanías del lugar, a fin de reubicar en esos lugares a las familias campesinas que actualmente ocupan la propiedad de los colonos. “Ellos tendrían alternativas de tierras que tienen comprometidas en venta al Estado para que puedan ubicar a esa gente. Eso fue lo que dijeron (en la reunión)”, apuntó Riera.
Respecto al cuestionamiento de campesinos por el uso de agroquímicos por parte de los colonos, señaló que “esas son posiciones ideológicas”.