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–Supuestamente el Gobierno busca acabar con los “arreglos” en lo administrativo y con la impunidad...
–Yo creo que se contradice a sí mismo. Dicen que les falta esta herramienta para poder terminar con la evasión, porque no pueden ir a los tribunales del crimen. Sin embargo, se publican todos los días tremendas denuncias hechas por el mismo Estado sobre este tema, lo cual desmiente su propia tesis, y la prueba de ello es sencilla. Para cometer el delito de evasión hay que cometer otros delitos, como la producción de documentos no auténticos o la falsedad, que no tienen prejudicialidad y, de hecho, están denunciando esos delitos.
–Entonces, ¿la idea es tener “un garrote” más para tener “bajo amenaza” a los contribuyentes que cumplen?
–Efectivamente. Lo que en el fondo quieren es un arma para amenazar al contribuyente honesto y allí se comete otro error: se está legislando para una minoría. La mayoría del país cumple con la ley, los evasores son unos cuántos nomás. Entonces, están sacándonos una garantía constitucional para poder perseguir a unos cuantos sin necesidad de esa “herramienta”, porque tienen otras.
–Pero ellos han insistido en que esta derogación es “indispensable” para cerrar el círculo…
–Yo estoy convencido de que este es un capítulo más de la lucha del hombre por la libertad, para frenar los excesos de Estado. Es decir, el Estado cada vez quiere ser más poderoso, tener más armas para perseguir al ciudadano y someterlo y el deber nuestro es luchar por conservar nuestro espacio de libertad. Lo que se necesita es menos Estado y no más.
–Las autoridades del fisco argumentan que la traba principal a eventuales sanciones contra la evasión es la prejudicialidad…
–Pero esa es una cuestión que nada tiene que ver con la ley, sino con otro vicio del país, cual es la corrupción. Esto es como el tango: se baila de a dos. Tiene que haber un funcionario público y un privado; pero lo grave para el privado es que la música y el lugar donde se baila los pone el sector público. Es decir, si a mí el sector público me permite constituir una sociedad en 10 días, pagar mis impuestos en 24 horas, adquirir un título en cinco días, probablemente no va a haber corrupción.
–O sea, ¿el sector público es el que sigue creando problemas para vender soluciones?
–Efectivamente. Yo estoy de acuerdo con que es tan pecador aquel que paga por pecar como aquel que peca por la paga. El problema está en que no siempre es el contribuyente el que busca corromper, sino que ellos le someten a actos de corrupción, con el agravante de que si uno no acepta sus reglas, el resultado será adverso. Es legítimo que el Estado viva buscando cómo recaudar más, pero también es legítimo que el sector privado no quiera pagar más y exigir primero que defina la calidad del gasto público. Nosotros vemos que cada vez “tiran” más dinero, pero nada de inversiones. Allí tenemos el bacheo de una ruta con tierra, y resulta que quieren que paguemos más impuestos. Primero que se ajusten el cinto para después exigir y quitarnos espacios de libertad.