Cargando...
Se trata del juicio iniciado por la Ganadera San Cosme SA para cobro de indemnización, en el marco del cual el Indert fue sentenciado a abonar G. 95.000 millones por la expropiación que el Estado había hecho –en la época de la dictadura stronista–, suma equivalente a US$ 17,2 millones al cambio actual. La sentencia es del año 2013 y se encuentra firme y ejecutoriada.
De acuerdo con los datos del expediente al que accedió nuestro diario, los representantes de la compañía –que hoy está en proceso de liquidación–, en vista de que el ente agrario no disponía el pago efectivo de la indemnización correspondiente, iniciaron un juicio ejecutivo para el cobro judicial de la obligación.
En este segundo proceso los demandantes nuevamente salieron gananciosos y la sentencia judicial de primera instancia dispone, además, que el Indert pague un interés de 2,5% mensual desde octubre de 2013 hasta la fecha, más costas. De acuerdo con los datos, el monto por intereses asciende a la fecha a casi G. 100.000 millones, unos US$ 18,1 millones.
Embargo y apelación
En el marco del juicio ejecutivo, se dispuso también el embargo de la cuenta judicial que el Indert posee en el Banco Nacional de Fomento (BNF), por un valor de G. 17.500 millones (ver facsímil).
Consultamos al respecto al titular del BNF, Carlos Pereira, y este respondió que la institución a su cargo solo acató la orden judicial y que el trámite administrativo le compete exclusivamente al ente agrario. “El banco ya cumplió con la orden judicial y no discute el alcance de la misma, por lo que solo debe acatarla y cumplir”, añadió ayer en entrevista con ABC.
A su vez, el asesor jurídico del Indert, Abog. Eligio Vargas, reconoció que no se discute el monto que el ente debe pagar como indemnización a la firma demandante, pero que se apeló la resolución del juicio ejecutivo porque la cuenta embargada no es específicamente para pago de tierras.
“Consideramos desde el punto de vista jurídico que incluso el embargo no está mal. Hay un artículo del Código que establece una excepción al principio de inembargabilidad de las cuentas del Estado y entes descentralizados. Se exceptúa de ese principio el 10% del programa de gastos del Indert destinados para pago de tierras. Esa porción de esa cuenta sí se puede embargar, que es lo que se dispuso judicialmente, pero en la implementación de la orden judicial se vulneró eso, porque se embargó una cuenta que no es específicamente para pago de tierras”, subrayó.
No discuten deuda, pero tampoco abonan
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas del Indert, Darío Velázquez, señaló que el caso se encuentra en el ámbito jurídico. Coincidió en que no se discuten los alcances de la primera sentencia judicial, la que está firme y ejecutoriada, aunque no hizo referencia a las consecuencias financieras y económicas que podría traer para el ente la postergación del pago del compromiso.
Velázquez alegó que el año pasado “muchas veces se pidieron a Hacienda” los recursos para abonar la deuda, pero que “no hubo transferencias para pagar en concepto de tierras”. Desde setiembre se hizo el pedido, mas la falta de recursos fue el motivo de la no transferencia, reiteró.
Según el dato oficial, los montos para comenzar a abonar la deuda con la firma en cuestión están presupuestados a partir de 2014, pero no se cuentan con el Plan de Caja que habilita el Ministerio de Hacienda ni el cronograma específico de pago de los compromisos.
Otras deudas
Además de este caso particular, el Indert tiene otras millonarias deudas por expropiaciones que datan incluso de hace décadas, cuyas indemnizaciones no han sido abonadas. Según los datos al respecto, las deudas contabilizadas por ese concepto ascienden a US$ 150 millones y otra similar suma, las no contabilizadas. En la práctica esto es como una confiscación, pues si bien “se reconocen” las deudas, no se pagan.