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El Ejecutivo impulsa un aumento salarial en el sector privado mediante un proyecto de ley que modifica el sistema de ajuste, pero esta medida impactará también en el presupuesto público debido a que la ley de Responsabilidad Fiscal prevé un incremento en caso de variación del mínimo legal.
La senadora de la oposición, Desirée Masi, fue categórica al indicar que tendrá un fuerte impacto en el presupuesto y lo va a hacer más rígido, teniendo en cuenta que muchas de las gratificaciones o plus se calculan sobre la base del salario mínimo, así como los sueldos de militares y policías, docentes y a lo que se sumará el salario de los funcionarios.
A su criterio, el salario mínimo es bajo y no todos cumplen, pero considera que el incremento que planteará el Ejecutivo es “populista”, obedece al 2018, se adelantó dos años (en alusión a las elecciones generales) y justo en el momento en que se estudia el proyecto de presupuesto 2017.
El pedido de aumento, según se maneja –dijo la senadora–, sería presentado a través del Ministerio de Trabajo y luego se incorporaría al presupuesto para el año que viene.
Dejó en claro que está en desacuerdo con esta medida, pero significó que para el Congreso lo más fácil es decir que sí, porque el que tiene que tener cuidado con lo que hace es el Ejecutivo.
“No entiendo cómo el Presidente (Horacio Cartes) abre esta compuerta creyendo que el Congreso va a decir que no”, afirmó.
De aprobarse el proyecto, considera que impactará en las finanzas públicas y elevará el déficit, lo que a su criterio desde hace rato que se viene violando la ley de Responsabilidad Fiscal “alevosamente”.
US$ 200 millones
El diputado colorado Mario Cáceres, por su parte, sostuvo que el proyecto para ajustar el salario mínimo es justo y de aprobarse rápido, permitirá corregir el proyecto de presupuesto 2017 para adecuarlo a lo que dispone la ley fiscal. Alegó que habría que recortar algunos rubros porque el aumento sería para todos los funcionarios y con un costo de unos US$ 200 millones, de ser 10% y por 12 meses (sobre este tema, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, había hablado de US$ 340 millones).
Explicó que se trabajará en los recortes que sean necesarios para cubrir el mayor gasto, de modo a que no afecte la ley de responsabilidad.
Para Cáceres, la decisión del Gobierno de incrementar el sueldo mínimo y de los funcionarios no es una medida populista del Gobierno el aumento salarial, porque se hace dos años antes de las elecciones y no tres meses antes. También, al igual que Masi, resaltó que será difícil que el Congreso se oponga a este pedido por su connotación política. “Nadie te va a votar en contra”, vaticinó.
No es automático, alegan
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, no quiso hablar ayer del tema con periodistas de medios escritos, pero en diversas declaraciones a medios radiales, como Monumental, argumentó que la ley de Responsabilidad Fiscal dice que los salarios del sector público solamente se podrán aumentar una vez que se aumente el salario mínimo del sector privado, pero que no es obligatorio, por lo que no se planteará esto. Sostuvo que “no es automático” y que esto mismo sucedió en 2014 cuando subió y no fue traspasado al sector público.