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Alegando una “alianza estratégica”, la ANNP entregó por 20 años parte del puerto de Villeta al grupo PTP Warrant SA, consorciado con la firma paraguaya Gregser SA. Esta última en realidad sería una empresa creada por el abogado Gregorio Lezcano Páez, miembro del directorio de la ANNP, y se sospecha que la misma fue conformada solo para ser parte del negocio en Villeta, teniendo en cuenta que la empresa no figura en los registros comerciales ni tampoco es conocida en el sector de puertos privados.
El único dato que figura sobre Gregser SA es una convocatoria a asamblea realizada el 4 de mayo de 2013 para la elección de autoridades y fijación de remuneración de directores y síndicos. En el contrato suscripto con la ANNP, aparece como presidente de la sociedad un ciudadano argentino de nombre Hugo René Gorgone; el mismo que también figura en el directorio del grupo argentino PTP, según su página web.
En su momento, cuando se le preguntó a Gregorio Lezcano sobre el representante de Gregser, dijo que no lo recordaba y cuando fue requerido respecto a la experiencia de Gregser en el sector, respondió que no la tiene, que su trabajo será de logística a la otra firma (PTP Warrant).
Este contrato, que tiene todas las características de una concesión, aunque no pasó por el Congreso como establece la Carta Magna en su artículo 202, ni siguió los procedimientos establecidos en la Ley de Alianza Público-Privada, en el caso que se quiera alegar que se trate de un proyecto APP.
Desde un principio, cuando se filtró la información, el directivo de la ANNP, Gregorio Lezcano, intentó justificar el contrato con el consorcio paraguayo-argentino Gregser-PTP; e incluso llegó a manifestar que la empresa tenía previsto invertir en Villeta unos US$ 8 millones, cuando que el contrato solo habla de US$ 3.458.000 en los cuatro primeros años.