El Tribunal Superior de Justicia Electoral debería haber actuado de forma de ordenar la situación del CPPF, que arrastra una crisis dirigencial desde hace más de un año, y sin embargo, según denunciaron exdirectivos del gremio, lo único que ha hecho el TSJE es emitir resoluciones que no se ajustan a derecho.
Por ejemplo, sin éxito se denunció la pérdida de investidura del presidente del gremio, tras comprobarse que en realidad él ya no se dedica al rubro, lo cual viola los estatutos. El mismo Villalba había reconocido que alquilaba a otra persona su pequeña panadería, ubicada en San Lorenzo.
Tampoco causó efecto la denuncia contra el desmembramiento de la comisión directiva nombrada en julio de 2013, en la que se había elegido a Villalba como presidente. Fueron echados de forma irregular los directivos Jorge Jara, Graciela Núñez, Máximo Jara, Tomás Acosta y Estela de Acosta, así como a la secretaria del gremio, una funcionaria de 35 años de antigüedad.
Algunos fueron separados de sus cargos a través telegramas colacionados y otros por sumarios administrativos. Hubo casos en que fueron apartados y avisados solo por mensajes de texto.
Debido a esa y otra serie de irregularidades detectadas en el manejo del Centro, el síndico titular, Gustavo Fatecha, convocó a una asamblea extraordinaria que se hizo el 6 de julio de 2014. Allí se decidió por voto unánime retirar el mandato a Villalba y reponer en sus cargos a la comisión directiva que él había destituido de manera arbitraria.
Pero el TSJE, que en principio había aprobado la convocatoria, hizo lugar a una medida cautelar planteada por Villalba, que dejó sin efecto la decisión de la asamblea de nombrar nuevas autoridades. Incluso, meses después, la Justicia Electoral anuló todo lo decidido por voto unánime de los socios.
Recientemente, se verificó que el abogado de Villalba, quien actúa en nombre del Centro, no contaba con el obligatorio poder para representar al gremio. Sin embargo, en lugar de declarar la nulidad de todos los actos realizados por el letrado, de nombre Pedro López Gabriaguez, el Tribunal Electoral de Primera Sala permitió una aparente producción de documentos de contenido falso, en connivencia con la escribana Norma Estela Silvero de León.
Según las fuentes, quienes supuestamente mantienen la definición de esta situación serían los jueces Patricia Blasco y Gilberto Mesa, y el actuario Gerardo Morales.
Asamblea extraordinaria
En medio de todo este conflicto del Centro de Panaderos, Ramón Villalba convocó a una asamblea general extraordinaria para cambiar más de 50 artículos de los estatutos. Será mañana, domingo, desde las 10:00, en el local del gremio.
Los exdirectivos sostienen que es una convocatoria irregular, porque en todo este tiempo jamás se convocó a asamblea ordinaria y ni siquiera se conformó una comisión para analizar las modificaciones de los estatutos. Añaden que con esos cambios buscan darle superpoderes al presidente.