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“Está perfectamente claro que las sociedades anónimas en las que el Estado paraguayo es propietario de la mayoría accionaria se encuentran sometidas, no solo al control estatal en materia de su manejo financiero, sino incluso en lo que hace a su régimen de administración de bienes”, señaló.
Insistió que “la doctrina acepta de manera conteste que tales sociedades operarían en el comercio conforme aquellas reglas del Derecho Privado que disciplinan tales actividades, pero igualmente sometidas a normas del Derecho Público referidas al régimen financiero de la República.
Mencionó la contabilidad, deuda y crédito público, planificación, tesorería, y control, así como el control, supervisión, vigilancia y fiscalización administrativa y extraorgánica sobre el patrimonio y recursos del Estado.
Prosiguió que también incluye el control del régimen de adquisiciones públicas; el régimen de resguardo, custodia, preservación y reivindicación de los bienes públicos y la organización administrativa del Estado paraguayo.
El abogado elaboró un dictamen en 2011 en el que aseguraba que Vox no puede realizar sus compras fuera de la Ley 2051 de Contrataciones. La actual administración presidida por Sante Vallese insiste en que es privada y que por lo tanto puede seguir comprando fuera de la norma citada.