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La empresa investigada es Intercom Ingeniería SA, que tiene en su directorio al diputado colorado Carlos Núñez Salinas y a Nelly Victoria Speranza Storm. La misma fue creada en 2008 dentro del rubro de las telecomunicaciones, para importación y exportación.
En marzo pasado, la entonces directora aduanera, Rocío Vallejo, presentó ante la fiscalía de Delitos Económicos una denuncia contra Intercom Ingeniería SA, por haber evadido supuestamente impuestos por valor de un millón de dólares con la introducción de decodificadores para TV.
Según las pesquisas de la Coordinadora Administrativa de Investigación Aduanera (COIA), el 21 de octubre de 2011 Intercom Ingeniería SA hizo figurar que importó decodificadores por valor de 17.700 dólares. Sin embargo, la COIA determinó que el valor real de los productos fue de 1.026.000 dólares, por lo que la empresa dejó de tributar por mercaderías valuadas en más de un millón de dólares.
A la par de la denuncia realizada por Aduanas ante la fiscalía, en el ente recaudador también se abrió un sumario administrativo. Este proceso cayó –en su parte resolutiva– a cargo de Carlos Alberto Laguardia, entonces administrador aduanero del aeropuerto Silvio Pettirossi y que hasta hace poco hacía ostentación de su riqueza en las redes sociales.
Laguardia fue destituido tras publicarse en ABC Color su escaso apego a la modestia, pero antes actuó de juez sumariante en el caso, ya que el Código Aduanero establece que el administrador de la Aduana donde se abrió el sumario sea el juez. En su resolución, el funcionario calificó como “defraudación” la situación de Intercom Ingeniería SA, y le aplicó una multa cercana a los G. 960 millones. Esto lo confirmó ayer la propia directora jurídica de la Aduana, Dra. Elodia Almirón.
La profesional señaló que el director del departamento fiscal de la Aduana, Luciano Flor, apeló la resolución de Laguardia, teniendo en cuenta que hay elementos para considerar que se trata de un hecho de contrabando.
Ahora se espera que los abogados de la empresa hagan su descargo y la resolución final queda en manos del actual director aduanero, Nelson Valiente. El titular de Aduanas tiene la potestad de revocar, anular o confirmar la decisión de Laguardia.
PRESIONES POLÍTICAS
Fuentes de Aduanas confirmaron que existen fuertes presiones políticas para calificar el caso como defraudación, o incluso liberar a la empresa vinculada con el diputado por Central Carlos Núñez Salinas. Si Aduanas confirma el caso como contrabando, la firma deberá pagar unos G. 1.800 millones, además irá como hecho punible. Si se califica como “defraudación”, se tratará de una falta administrativa y con pagar la multa, establecida en unos G. 960 millones, la empresa queda absuelta.