Costo de Yguazú creció 82%

Desde el 2006 hasta el 2014, el país ya perdió US$ 15 millones debido a la diferencia cambiaria y a la falta de definición del proceso licitatorio para la construcción de la Central Hidroeléctrica Yguazú que aún sostiene la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Cuando fue aprobado el proyecto y su financiación, el estudio de factibilidad arrojó el valor de 83 US$/MWh; que ahora se incrementó a unos 100 US$/MWh; que en opinión de los especialistas es un costo muy elevado para una generación de dos horas durante cinco días a la semana comparando las tarifas actuales. Según el Ing. Juan Encina, técnico de la ANDE, el costo del proyecto aumentó 82% en casi ocho años, y que debe aclararse los motivos de ese incremento.

Según estimaciones basadas en las cifras actuales que se manejan, el costo total de la obra rondará los US$ 400 millones, que supera ampliamente el monto del préstamo aprobado en 2007 por el Parlamento.

En efecto, el crédito de US$ 200 millones para las obras del Yguazú, otorgado por el Japan Bank Internacional Corporation (JBIC), sumado a los US$ 65 millones de contrapartida, dan a la ANDE solo US$ 265 millones para financiar el proyecto.

De este monto, hasta el momento ya comprometieron recursos en la consultoría de la Nippon Koei Ltda. (US$ 25 millones), así como en las obras del lote 1, “Accesos y obrador” (unos US$ 4 millones), más US$ 76 millones para la “Provisión y montaje de las turbinas” al consorcio japonés Toshiba-Mitsui Corp, correspondiente al lote 3, que en conjunto suman US$ 105 millones.

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Quedan disponibles apenas US$ 160 millones para el lote 2, que actualmente está pendiente de definición.

En este último caso, recordemos, la única oferta fue la del Consorcio Constructor Yguazú (Camargo Correa SA-Talavera & Ortellado SA), que ronda los US$ 252,7 millones; con lo que el descalce financiero orilla los US$ 100 millones.

Según los informes, la evaluación de la oferta ya está concluida y fue remitida a la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) en busca de la “no objeción”.

Pese a las irregularidades denunciadas y a la demostración de su inviabilidad técnica y financiera, tanto la ANDE como el gobierno insisten en llevar adelante el proyecto.

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