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Argumentó que Cootrapar (con derechos sobre el 33,3% de las acciones de la acería) ya tiene demandas en marcha contra los accionistas mayoritarios, encabezados anteriormente por el empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli, y tiene todas las pruebas y más informes todavía para resolver el litigio a favor del Estado y de los trabajadores si hay voluntad política. La cooperativa alienta una intervención judicial, porque sostiene que Tasselli y su grupo elevaron el pasivo de la empresa a unos US$ 48 millones a través de maniobras administrativas dolosas y prácticas comerciales fraudulentas. “Si el Estado sigue como hasta ahora, tendrá una fábrica parada y deberá asumir la cuantiosa deuda”, advirtió González Chirico.