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La recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) apunta a la reversión de un proceso ejecutado con violación de la ley, por haberse omitido la etapa de precalificación prevista como obligatoria. Así lo explicó el contralor Enrique García, en conversación con este diario.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin embargo, pretende que se declare el carácter supuestamente “no vinculante” de los dictámenes de la CGR, a la cual le acusa de haberse “extralimitado”. La cartera argumenta, básicamente, que el ente contralor solo puede realizar auditorías financieras y que solamente puede intervenir “ex-post”. “Ambos argumentos son falaces”, aseguró García.
De acuerdo con la explicación jurídica, el Art. 281 de la Constitución preceptúa: “La Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley. Gozará de autonomía funcional y administrativa”. Además, el Art. 18 de la Ley 276/1993 orgánica de la CGR, dispone: “Las Entidades del sector público que para el cumplimiento de sus funciones deban realizar adquisiciones de bienes y servicios, suministros, locaciones de obras, enajenaciones y arrendamientos u otros actos similares, deberán implementar los trámites previstos en la Ley de Organización Administrativa y Leyes Especiales, sin requerimiento del dictamen previo de la Contraloría General, siendo de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de ellas. La Contraloría General ejercerá la fiscalización de las mismas en cualquier etapa de su ejecución”.
Pero a pesar de que la legislación es clara sobre las atribuciones de la CGR, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, continúa pregonando el discurso de que hay dudas al respecto, por lo que recurrieron a la Corte con una acción de “certeza constitucional”.
“Antes de esta acción, el MOPC pretendió ante el Tribunal de Cuentas y por vía de una acción contencioso administrativa, inicialmente la nulidad y luego (vía rectificación) revocación del dictamen CGR. Es decir, el MOPC consideró vinculante la recomendación de revertir el proceso y por tal motivo, pretendió su revocatoria. Finalmente, hace unos días desistió unilateralmente de dicha acción. Con ello dio razón a la CGR”, señaló el contralor. Para el equipo jurídico de la Contraloría, no existe falta de certeza de sus potestades, sino más bien una llamativa insistencia de la cartera de continuar con un cuestionado proceso y encima, pretendiendo no tener ningún tipo de control.
La criticada firma Sacyr
La virtual adjudicada en la APP del aeropuerto es la firma española Sacyr, criticada porque no cumplió el requisito del PBC de no tener procesos por incumplimientos contractuales. El MOPC viene defendiendo sistemáticamente a esta compañía pese a esos cuestionamientos.
Ayer, a través de su equipo de prensa, Sacyr destacó que es la sexto gestor de concesiones de infraestructuras del mundo, según la publicación Public Works Financing (PWF). El envío se da en medio de la lucha del MOPC por ejecutar la APP.