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Los vecinos iniciaron una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la constructora Consorcio Habitacional del Sur (Ing. Ricardo Díaz, Ing. Fernando Moreno, Ing. Hugo Patiño, Ing. Luis Pistillo) y la EBY, explicó Mercedes Sanabria, presidenta de la comisión vecinal.
La señora agregó que el reclamo no es nuevo y que en algunos casos vinieron a realizar algunos remiendos, pero debido al problema estructural de las casas –no tienen cimiento– se vuelven a agrietar. “Pusieron unas cruces de hierro en la pared. Arreglan en un lado y se rompe en otro”, dijo.
Añadió que vivieron muchas irregularidades en el proceso de reasentamiento. “Entramos a las casas en 2009 y enseguida empezamos con los reclamos, marchas y movilizaciones vecinales porque el barrio que construyeron es una vergüenza, no tiene cimientos y hoy se cae a pedazos”, añadió.
Junto a un grupo de vecinos, Sanabria se encuentra acampando frente a la EBY para reclamar por la mala calidad de las viviendas que les asignaron.
Explicó que como base las viviendas tienen unos 15 centímetros de piedra bruta suelta, sin cemento ni mucho menos un encadenado. De las 142 casas que integran el complejo inaugurado en enero de 2009, 60 tienen graves defectos.
“Para empezar, no tienen cimiento. Las casas están construidas sobre la piedra nomás, no tienen contrapiso y hay varias viviendas, incluida la mía, que están a punto de caer. Tuvimos que apuntalar el muro con madera, el revoque se cae solo, pusieron ladrillos huecos en lugar de los comunes (macizos)”, indicó.
La obra fue adjudicada en 2007 al referido consorcio por G. 16.000 millones y fue entregada en enero de 2009 y, a los pocos días de la habitación los vecinos comenzaron a detectar las fallas.
Con el periodo de garantía aún vigente, la empresa fue parchando defectos, que no desaparecieron, porque el problema es “de base”. Fue entonces que presentaron la primera demanda a la fiscalía. La primera en dar la espalda a este reclamo, en marzo de 2010, fue Elba Recalde, entonces directora de la EBY, firmó la recepción definitiva de la obra, devolviendo el fondo de garantía. “Es doblemente criminal, porque la empresa queda impune, apañada por el Estado y nosotros vivimos en un riesgo total”, dijo.