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La Ley de tarjetas que puso un tope a la tasa de interés es solo una muestra de la inequidad regulatoria en el mercado, sobre un producto de consumo que hoy es limitado en el sistema financiero formal. A raíz de estas limitaciones alrededor de 200.000 clientes de bajos ingresos fueron dados de baja, empujándolos hacia el segmento no regulado; ya que existe una demanda real de créditos por parte del mercado. Hace 5 años la cantidad de casas de crédito que operaban en nuestro mercado no pasaba de 7, hoy ya superan 200 (están registradas 106 en Seprelad), y se estima una cartera de 300.000 clientes.
Para la empresaria y directiva de la Asociación de Entidades Financieras (Adefi) Mónica Fadul, las casas de crédito solo aprovecharon el momento para potenciar un nuevo nicho de negocio, ya que la demanda de préstamos es real y al no estar reguladas escapan a un montón de exigencias en comparación a los bancos y financieras. Esto se debe, según precisó, a que las autoridades no tomaron medidas necesarias para que sus regulados jueguen en igualdad de condiciones frente a los demás participantes del mercado.
Alegó que los regulados por el BCP deben cumplir con un montón de exigencias para operar en el mercado, como mantener niveles adecuados de morosidad, calificación del cliente, encaje legal, límite de tasas para tarjetas y tasas usurarias entre otras exigencias que los dejan en total desventaja frente a otras entidades no reguladas como son las casas crédito que ofrecen igual producto, pero con menos exigencia.
“Esto va en contra totalmente del objetivo trazada con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que es la bancarización”, sostuvo la ejecutiva.
Fadul indicó que es necesario rever algunas regulaciones de manera que se permita una competencia en igualdad de condiciones en el mercado. Entre las regulaciones que se deben replantear citó por ejemplo el tope a la tarjeta de crédito.
En una investigación hecha por nuestro diario se pudo constatar que las tasas que cobran la mayoría de las casas de crédito son altamente usurarias, y van de 60% y hasta 100% de interés anual, duplicando el límite permitido, de 38,94%.
Otro dato no menor es la información crediticia dispersa por la falta de una central de riesgo que centralice toda la información de los clientes, muchos de ellos sobreendeudados.