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La entidad estatal, que debería encargarse a mediano plazo de todo el sistema de pago de salarios del sector público, según se estableció en la Ley del Presupuesto, se vio en la necesidad de incrementar su red de cobertura para cumplir con tal función. El Banco de Fomento operaba únicamente con la red Dinelco, que dispone de 300 cajeros automáticos y 5.000 POS instalados en los comercios.
Ahora, un convenio con la procesadora Bancard les permitirá a sus clientes acceder a más opciones en ATM y empresas, y a la vez potenciará la emisión de tarjetas de crédito. Hoy, la entidad tiene una participación mínima en tarjetas de crédito, con 52.000 plásticos.
El BNF ya concentra alrededor del 77% de los pagos de salario del sector público; ahora lo que absorbería es el restante 23%, por lo que no sería un gran esfuerzo para la adecuación, indicó ayer Pereira en rueda de prensa.
El plan de migración de los fondos públicos a la banca estatal dependerá del vencimiento de los contratos de los entes públicos con el banco que les presta el servicio, que generalmente es de dos años. Como recientemente se renovaron esos contratos, tendrán que aguardar hasta el 2017 para ponerlo en práctica, si se contempla nuevamente en la Ley del Presupuesto de ese año.
Respecto a la Ley de Tarjetas, Pereira señaló que el servicio sigue funcionando y que no afecta el ritmo de la actividad, ya que el BNF manejaba una tasa baja para dicho sector (15%).
La entidad informó que, pese al año difícil para la economía, en particular para sectores del agro, la entrega de créditos creció casi el 11%, y la cartera alcanzó G. 2,25 billones, mientras que las utilidades sumaron G. 207.871 millones, 8% más que en 2014.
Escasa capacidad
La cuota de participación de Fomento en el mercado crediticio es de G. 2,25 billones, que representa solo el 3,4% del sistema, mientras que las intermediarias privadas absorben el 96,6%, de ahí que su capacidad de gestión es limitada frente a las demás intermediarias y es la principal crítica para que esta entidad se haga cargo del total de los fondos públicos. Otra crítica también es sobre la dirección de los créditos: 49% de su cartera va a parar a consumo.