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“Llamamos la atención sobre la necesidad de encarar lo que denominamos la ‘reforma urbana’ en consideración a los siguientes pasos que resumimos a continuación y afectan directamente a la calidad de vida de la gran mayoría de los habitantes del país”, señala el documento presentado por el Arq. Hugo Cáceres Di Leo, presidente del CAP.
En primer término, argumentan que “la población del Paraguay está rondando el 70 % de personas en áreas urbanas, con lo que el país posee una de las más altas tasas de crecimiento urbano del continente.
Lamentablemente, no existe capacidad efectiva desde las municipalidades, menos aún desde las gobernaciones, para estimular el desarrollo de estos centros de concentración poblacional que esté basado en criterios de sustentabilidad”.
Como derivación de este fenómeno, como de las formas históricas de valorización del territorio con el avance y la conquista desordenada de los espacios vacíos, las estrategias de inserción de la economía paraguaya a nivel internacional, el avance geopolítico y económico de los países vecinos, las nuevas dinámicas de trasnacionalización del capital y la globalización del comercio, la emergencia de un nuevo modelo productivo agropecuario y finalmente las formas de gestión desde el sector público definen un territorio que ve deteriorar la calidad de vida de sus habitantes comprometiendo su competitividad, degradando el ambiente y el paisaje e impactando negativamente en las posibilidades del desarrollo general del país, agrega el manifiesto.
Afirman, además, que “las regiones metropolitanas de Asunción, C. del Este y Encarnación concentran ya cerca del 50% de la población total del país y el 80% de la que habita en zonas urbanas”, por lo que el gremio entiende que resulta de suma urgencia contar con una estrategia país, y que “los aspectos enunciados requieren una nueva visión con relación a las políticas públicas. “Debemos cambiar la estructura política e institucional que administra, gerencia, tutela y promueve el crecimiento de las ciudades con la proliferación de municipalidades, cada vez más debilitadas en su capacidad de hacer frente a las demandas del proceso, advirtiendo que “de no cambiar este modelo atomizado, basado en la creación de aparatos electorales al servicio de las élites de poder, se seguirá degradando el territorio, depredando recursos, estimulando la pobreza y la desigualdad en el país”.