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En este sentido, el 22 de abril pasado el coordinador del proyecto metrobús, Ing. José Tomás Rivarola, indicó que en los próximos 60 días iniciarían los primeros trabajos de construcción del nuevo sistema de transporte. Es más, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó anteayer que ya “están en marcha” los trabajos de medición topográfica y estudios geotécnicos por parte de la empresa Mota-Engil, adjudicada para la construcción del corredor central del resistido sistema.
Una vez más los frentistas, que lo calificaron como un emprendimiento inviable, han advertido que en el caso de que se lo lleve adelante, los grandes perjudicados serán los dueños de inmuebles y casi 3.000 empresas (comercios, industrias y de servicios) que se encuentran a lo largo de la avenida.
Alertan que hay un “reclamo histórico” de los propietarios, en el sentido de que desde hace décadas sucesivas autoridades públicas, sean municipales o del poder central, les han venido despojando de los beneficios de su propiedad, lo que se convertiría en una burda confiscación, sin el pago de una justa indemnización.
Añaden que el propio coordinador del proyecto, Ing. José Rivarola, en declaraciones a diversos medios masivos de comunicación, ha pretendido establecer un “sistema de justificación psicológica” de la apropiación de lo ajeno, donde el mismo propietario desposeído de su propiedad debía ser revictimizado para que sea él quien se encuentre supuestamente obligado a hacer la partición de su inmueble y entregarlo a la autoridad pública.
Protegidos por la ley
Al respecto, advierten que la confiscación de bienes se halla prohibida por el Art. 20° de la Constitución Nacional, y que las garantías constitucionales frente a la expropiación establecen claramente que esta debe estar determinada, en cada caso, por la ley, previo pago de una “justa indemnización”. Acotan igualmente que el Art. 109 de nuestra Carta Magna establece la inviolabilidad de la propiedad privada, y la forma y modo de la expropiación.
Ante este “inminente despojo”, los afectados se reservan el derecho de accionar judicialmente contra la “actitud prepotente y abusiva” de las autoridades del Poder Ejecutivo, lo cual podría paralizar completamente el proyecto. Señalan que no tendrían otra salida que ir a la justicia, debido a que se sienten víctimas de una “opresión del poder público”.
Unos 3.000 negocios
De acuerdo a los datos preliminares suministrados por los mismos frentistas, sobre la Avenida Eusebio Ayala, hasta Calle Última, habría nada menos que unos 3.000 negocios funcionando (comercios, servicios e industrias) que serían perjudicados seriamente por el proyecto metrobús, con efecto colateral sobre alrededor de 15.000 empleos directos; esto sin considerar aquellos que están al doblar las esquinas, que también dependen de esta principal arteria que será utilizada para la ejecución del proyecto.