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Hoy, más de 100 funcionarios tendrían intenciones de jubilarse anticipadamente. Según nuestra fuente, los salarios exorbitantes solo los tienen los “antiguos y cortesanos”, mayoritariamente de la Dirección Técnica. La normativa interna de Itaipú –bien imitada por Yacyretá– fue diseñada para fortalecer los bolsillos de sus administradores de turno. Así se formaron las fortunas de los “barones” y de sus descendientes, los ingenieros de 60 Hertz (más afines a intereses brasileños y argentinos).
En esta “coyuntura especial”, propiciada por el covid-19, un grupo importante de políticos y actores sociales están hablando de una “reforma del Estado”, que incluya a las binacionales y que llevaría a los siguientes hechos y escenarios: Nadie cree en la sinceridad ni en las intenciones de los políticos que están aceptando a regañadientes una “reforma epidérmica”, según nuestra fuente; pero, todos son “muy sinceros” en su pavor al coronavirus y sus consecuencias sociales.
Beneficiarios mayores
Veamos algunos ejemplos reales: si Itaipú saca a 140 empleados antiguos, que llevarían US$ 100 millones (por “retiro voluntario”), muchos políticos, como liberales, encuentristas, Frente Guasu, y algunos colorados, harán una pequeña revolución por “tirar al basurero” de la lujuria esos recursos genuinos.
Nuestro informante cree que muchos gritarán a los cuatro vientos que esta millonada podría destinarse a la construcción de 10 hospitales exclusivos para el tratamiento de los infectados por el coronavirus, en reemplazo de la antigua recaudación para la corona, equipados con respiradores; así como en programas de subsidios o incentivos de trabajos hogareños.
“Derechos adquiridos”
Se podría enfrentar socialmente los “derechos adquiridos” de los cortesanos de ambas entidades binacionales, pero nuestra fuente advierte que no será fácil porque no faltarán “letrados” (abogados) que quieran llevar a 10 años los litigios judiciales, donde el Estado siempre pierde. Como ejemplo, citó dos casos: El “Robo del Siglo” en la Cajubi y el caso Gramont Berres.
Dijo que durante 11 años de litigio, la Cajubi recuperó solo US$ 17 millones de los US$ 170 millones desviados, y que también se ha gastado US$ 7 millones en honorarios de “profesionales del derecho”, por lo que la recuperación neta fue de solo US$ 10 millones.
Suponiendo que el Estado confisque los US$ 100 millones previstos para el retiro voluntario citado más arriba, por una causa nacional perfectamente comprensible, la fuente explicó que podríamos esperar también que una “nueva industria sin chimeneas”, la de los juicios laborales, multiplique por 10 las pérdidas en un plazo similar al caso Cajubi.
Acotó que, suponiendo que exista un “pacto social” con los empleados antiguos de las binacionales y se les permite que salgan con una “pesada mochila de beneficios”, el único bien que se lograría será desprenderse de los empleados más antiguos, más caros y más claudicantes en la defensa de los intereses nacionales en Itaipú.
Eliminación de groseros beneficios
Nuestro informante señaló, igualmente, que si se eliminaran los groseros beneficios del presentismo, titulismo, desarraigo, doble sede (el alquiler del edificio de Itaipú en Asunción ronda los 500 millones de guaraníes al mes), subsidios (auxilio) de alimentación, salud, educación, peligrosidad, insalubridad, penosidad, etc., habrá valido la batalla administrativa contra el covid-19. Dijo, además que la mayoría de los empleados, con cerca de 10 años de antigüedad, en especial los que concursaron, ganan entre 10 y 20 millones de guaraníes (salario base), muy lejos de los 37 millones, de tope establecido por el Presidente.