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La cuestión sube de punto cuando se atiende que quien presidió la Asociación Rural del Paraguay, Filial Amambay, también estaba vinculado con miembros de nuestra fuerza pública, que le pedían favores tal vez concedidos a cambio de contraprestaciones. En 2020 y en 2022, el Tte. Cnel. Luis Apesteguía -vocero del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)- aceptó que “Lalo” pague su estadía en un hotel pedrojuanino; en la segunda ocasión, el oficial sugirió que sea “invitado por la rural” y añadió que actuaba como un policía (”Añemopoliciatama avei), es decir, sin importarle el pundonor. El efectivo militar también ofreció a “Lalo” dos pistolas semiautomáticas y de origen americano: “por ahí si alguien quiere o te interesa”, a cambio de trece millones de guaraníes cada una. Igualmente intermedió entre “Lalo” y periodistas brasileños, sugiriéndole que les diga que, gracias a la FTC, “ustedes pueden seguir trabajando en la región”. No respeta mucho su uniforme un militar en servicio activo que ofrece en venta armas de fuego a un presunto mafioso que costea sus hospedajes y elogia a la fuerza pública a pedido suyo (!).
Lo mismo cabe decir del comisario general (SR) Francisco Resquín, el excomandante de la Policía Nacional (PN) que en 2021 abogó ante la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), dirigida por Teresa Rojas, para que “Lalo” arriende una estancia que perteneció a “Cabeza Branca”. Ese mismo año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló los lazos entre ambos al Ministerio Público. Ahora se sabe que el uso de influencias por parte del máximo jefe policial era retribuido con cervezas, camisetas y la cancelación de la deuda contraída con un club, sin que deban excluirse otras recompensas.
También el comisario Mario Vallejos -actual subjefe del Departamento Antisecuestro de la PN- tuvo estrechas relaciones de subordinación con el mentado “capo” de la frontera, que en 2019 pagó su alojamiento en un hotel de la capital del Amambay y le ordenó lo siguiente: “Apretale a Gilmar. No podía vender la información (...) Tenés que decirle que si sigue así corre el riesgo que le agarren”. La obediente respuesta habla por sí sola: “Ok le estamos apretando” (!). Este verbo también fue usado, en un sentido menos brutal, por el comisario Evert Constancio París, exdirector de Policía del Amambay, cuando en 2023 recurrió a las influencias de “Lalo”: “Que tal pio mañana si apretamos otra vez con Lucho Zacarías y con Nano también se habló ya” (sic). Al parecer, el “apriete” lo convirtió en director de Inteligencia. Los funcionarios policiales le pedían incluso que pague a masajistas y les entregue facturas para no pagar el impuesto a la renta personal, de modo que habrían estado bien dispuestos a retribuirle sus favores. Tampoco faltaron los pedidos de carne para asado para determinadas fechas. Lamentable!
También fue muy amable con Arnaldo Giuzzio, cuando en 2019 dirigía la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) y se disponía a viajar a Pedro Juan Caballero: puso a su disposición una camioneta blindada, la que fue aceptada porque, según el entonces jefe antinarcóticos, dicho órgano carecía hasta de patrulleras y las pesquisas no habían revelado sus conexiones con el narcotráfico, de las que se enteraría recién dos años después, siendo ministro del Interior. Por lo demás, agregó que “Lalo” no era “cualquier persona”, sino el presidente regional de un importante gremio, el de los ganaderos.
Más allá del escándalo de que la Senad se haya valido de un vehículo proporcionado por un sospecho de vínculos con narcotraficantes, y de que Arnaldo Giuzzio no se hubiera enterado de lo que el Ministerio Público ya sabía en 2017 gracias a la Policía Federal brasileña, es de señalar que el personal de los organismos de seguridad no debe aceptar ofrecimientos de los particulares para no creerse luego obligado a retribuir la ayuda recibida, aunque más no sea cerrando un ojo.
Este resumen posiblemente incompleto de la horrenda influencia ejercida por el diputado fallecido muestra que se ha llegado al colmo de que militares, policías y civiles hayan estado o estén al servicio del hampa, con la mayor obsecuencia. La pregunta es hasta cuándo. La tibieza y la inacción -y hasta aparente protección- con que las altas autoridades de la República están encarando esta cuestión permite abrigar muy pocas esperanzas. Lo más probable es que, a lo sumo, se llegue a alguna que otra destitución y unos pocos traslados, de modo que la estructura delictiva, en esencia, quede igual. Si no se está dispuesto a limpiar el establo de tanta inmundicia, de nada vale reiterar que el crimen organizado está metido en los tres Poderes del Estado, como con frecuencia lo admiten presidentes de la República y altos funcionarios del Gobierno. Admitirlo y cruzarse de brazos implica apañarlo.
