Uno de los grandes principios del Estado de derecho es el de igualdad ante las leyes, entendidas ellas en un sentido amplio para incluir los decretos y los reglamentos administrativos. La Constitución no garantiza, entre otras cosas, que los ciudadanos tengan iguales ingresos, pero sí que sean tratados de igual modo por quienes aplican las normativas vigentes en el ámbito de su competencia. Nadie ignora que este postulado es tradicionalmente infringido en nuestra función pública, donde el sectarismo político, el parentesco o la amistad juega...