La nueva reducción de precios aplicada por Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigida por Eddie Jara, volvió a encender las críticas en el sector privado. La petrolera estatal anunció el lunes último rebajas de hasta G. 300 por litro tanto en naftas como en diésel, lo que inmediatamente obligó a los emblemas privados a igualar los valores para no perder competitividad.
El contexto regional, sin embargo, va en sentido contrario. En Argentina y Brasil, los combustibles subieron en los últimos días, según la Asociación Paraguaya de Estaciones de Servicios (Apesa), mientras en el país se registró una “baja política” impulsada por la petrolera pública, otra más desde la asunción del Gobierno de Santiago Peña.
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Más de 100 estaciones cerraron por precios políticos de Petropar
Víctor Yambay, presidente de Apesa, afirmó en entrevista con ABC que la estrategia de la estatal está destruyendo la rentabilidad del sector privado. Aseguró que, solo en los últimos dos años (gestión de Peña), más de cien servicentros cerraron definitivamente sus puertas debido a la imposibilidad de sostener el negocio.
“Es insostenible. Pedís combustible para el fin de semana y el lunes amaneces con una baja de G. 300 que te hace perder automáticamente”, cuestionó.
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El titular de Apesa sostuvo que las bajas responden a momentos de tensión política y no a fundamentos técnicos. “Cada vez que el presidente tiene un problema político, quiere justificar con baja el precio del combustible. No se da cuenta de que perjudica a miles de familias paraguayas”, enfatizó.
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Petropar, “en terapia intensiva”
Yambay también alertó que la situación no solo afecta a los privados, sino también a la propia Petropar, cuya sostenibilidad financiera estaría comprometida.
“Con estos precios políticos, Petropar está cada vez más en terapia intensiva. La pregunta es quién va a hacerse responsable cuando la estatal se funda, porque al final lo que se pierde lo pagamos todos los paraguayos y no es esa baja de 300 guaraníes lo que vamos a tener que asumir. Estamos hablando de un ente que está literalmente fundido”, advirtió.
Afirmó que la supuesta compra de combustibles más baratos nunca se concretó, haciendo referencia al contrato con la firma Catarí Doha Holding que nose ha cumplido y tampoco rescindido. “Sus proveedores son los mismos que abastecen al sector privado. Los precios mágicos de los que hablan no existen. Basta mirar las licitaciones en la DNCP", expresó.
Impacto laboral y económico
El cierre masivo de estaciones generó preocupación en toda la cadena. De acuerdo con Apesa, cada servicentro emplea en promedio entre 8 y 10 personas de manera directa, sin contar guardias, proveedores y servicios tercerizados.
“Estamos hablando de casi 3.000 surtidores en el país. La cantidad de trabajadores que dependen de esta actividad es enorme. Una estación de servicio mueve mucha economía”, señaló.
Para sobrevivir, muchos locales dependen cada vez más de tiendas de conveniencia, lubricantes y otros servicios anexos.
En este sentido, Yambay lamentó que el rubro se haya vuelto imprevisible para quienes apuestan por el negocio. Señaló que “cuando vos emprendés una actividad, lo hacés pensando en que te va a ir bien, en que es un rubro estable”, y que hoy la realidad es completamente distinta.
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“No podés estar preocupado en que cada vez que cambia el viento tenés que estar con el Jesús en la boca”, cuestionó, al referirse a las constantes variaciones de precios de Petropar que afectan la rentabilidad del sector.
Contradicción del Gobierno que “quiere atraer inversiones”
El titular de Apesa también criticó la contradicción entre el discurso oficial y lo que ocurre en la práctica. “Hablamos de traer inversiones extranjeras y de que Paraguay es la panacea, pero cuidémosle más a la gente que ya está acá invirtiendo y viviendo en Paraguay”, afirmó.
Recordó que “de nada sirve mostrarnos al mundo como superserios si acá adentro hacemos barbaridades”, en alusión a las políticas de la estatal que —según dijo— dañan al mercado local.
El presidente de Apesa recordó que el país también podría enfrentar en los próximos meses el período de baja navegabilidad de los ríos, lo que podría encarecer los fletes y presionar al alza los precios del combustible.
“Si sube el precio afuera y encima el río se complica, vamos a terminar teniendo subas violentas, de hasta G. 1.000 de golpe, que desestabilizan todo el mercado”, advirtió.
Para el gremio, el principal problema es la ausencia de diálogo: “No queremos enfrentarnos con las estaciones de Petropar ni con nadie. Solo pedimos que la estatal se comporte como parte del mercado y respete las reglas. Las decisiones deben tomarse en consenso, para que el sector funcione en su conjunto”, concluyó.