Ayer venció el plazo de la octava adenda que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, ligada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Sin embargo, los directivos de la estatal se borraron por completo y evitaron informar a la ciudadanía sobre la decisión tomada en este caso.
Según trascendió, la empresa estatal habría otorgado una nueva prórroga de dos meses mediante una novena adenda, pero aún no existe confirmación oficial. Todos los directivos, empezando por Jara, evitan dar explicaciones sobre la continuidad del contrato pese al reiterado incumplimiento de la firma extranjera.
Un equipo de este diario se trasladó ayer en horas de la mañana hasta la planta de Villa Elisa, donde permanecimos durante casi tres horas sin obtener respuesta. Finalmente, la directora de Comunicaciones, Norma Caballero, recibió al equipo periodístico y señaló que no consiguió que ningún funcionario dé declaraciones. Afirmó además que el caso “seguía en análisis” y que aún no se rubricó ninguna adenda adicional, aunque tampoco desmintió la versión de una nueva prórroga.
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El contrato incumplido
Doha Holding no cumplió con la entrega de las 100.000 toneladas métricas de gasoil —por un valor de US$ 61 millones— que debía suministrar a Petropar desde el año pasado. Pese a ello, la administración de Jara habría concedido un nuevo plazo de manera a que la entrega se concrete en diciembre.
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Mientras tanto, el presidente Eddie Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez —quien actúa desde las sombras— y el director jurídico Carlos Arce, desaparecieron del radar público.
Caballero prometió que se informaría la decisión “ayer mismo”, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta oficial.
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Jara habría mentido al Congreso y a la ciudadanía
La posible nueva extensión contradice las declaraciones que Eddie Jara dio a finales de setiembre ante la Comisión Bicameral del Congreso, donde afirmó que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que ya no iba a dar más prórrogas.
Sin embargo, el silencio actual y la falta de transparencia alimentan las sospechas de que se busca evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato, por US$ 3.050.000. Esa garantía nunca fue reclamada, pese a ocho prórrogas y cero entregas.
Garantía ¿ficticia? y vínculos locales
Doha Holding presentó como garantía de fiel cumplimiento una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un presunto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no existe garantía bancaria ni póliza real.
En el portal de Contrataciones Públicas, figuran como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol— y Saad Doukali. Recién tras la firma del contrato con Petropar, Al-Thani fue incorporado como representante.
La sede local de la firma catarí se fijó en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez.
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Documentos a los que accedió este medio revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la empresa catarí.
El “precio milagroso” y posibles violaciones de la ley
Doha Holding no entregó el gasoil comprometido, pese a que Petropar siguió prorrogando el contrato. La empresa había “ganado” la licitación que habría sido digitada para la firma, con un “precio milagroso” de US$ 610 por tonelada, valor que ni Brasil logra en compras masivas, y que la propia estatal admitió luego que era imposible de cumplir.
Además, Petropar no verificó la capacidad financiera de la firma y gestionó la operación mediante un procedimiento especial con publicación posterior, lo que habría permitido eludir controles y requisitos legales. La estatal incluso difundió el pliego de condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley 7021 de Contrataciones Públicas.
Las múltiples prórrogas también podrían contravenir dicha ley, que solo permite modificaciones de hasta 20% del plazo o monto y por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.