Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la administración de Eddie Jara, informó hace unas semanas que inició el proceso de rescisión del contrato con la firma Estructura Ingeniería S.A. (EISA), representada por Alberto Palumbo, que debía completar las obras de montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).
La estatal anunció que realizará una nueva contratación para ejecutar las obras, pero hasta ahora evitó socializar el nuevo proyecto y también evitó socializar los detalles de la rescisión del contrato anterior. Al parecer, las promesas de una nueva alcoholera solo sirvieron para levantar el paro de los cañicultores.
Este diario remitió por escrito las consultas a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal, hace más de 10 días, para conocer los detalles del nuevo plan y de la rescisión del trato con EISA, pero hasta ahora no hubo respuesta. La falta de transparencia se mantiene como una de las principales características de la administración de Eddie Jara.
Mientras tanto, la estatal lanzó otra millonaria licitación, por más de G. 1.100 millones, para “Construcciones Civiles para la Planta Industrial Mauricio José Troche”, que no guarda relación con la planta alcoholera propiamente dicha, ya que se trata del desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción de oficinas.
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Estas son las consultas que la estatal evita responder:
- ¿Cuáles fueron los motivos concretos que llevaron a Petropar a iniciar el proceso de rescisión del contrato con EISA?
- ¿En qué fecha se notificó oficialmente la apertura del proceso de rescisión y en qué etapa se encuentra actualmente?
- ¿Existe ya una resolución de rescisión firmada?
- ¿Qué falta para finalizar el proceso de rescisión?
- ¿Cómo planea Petropar culminar la obra en un año, como prometió a los cañeros, si se concreta la rescisión?
- ¿Realizarán una nueva licitación? ¿Cuál será el costo? ¿Pueden explicar los detalles del nuevo proyecto y las diferencias respecto a la obra adjudicada a EISA?
- ¿Petropar ya conversó con otra empresa para la construcción de una nueva planta?
- ¿Qué pasará con la maquinaria que sigue sin montarse en el tinglado construido?
- ¿Cuál es la situación de las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo? ¿Fueron reclamados o serán reclamados? (precisar montos).
- ¿Remitieron el caso al Ministerio Público?
- ¿Qué hará Petropar en caso de que la empresa demande para apelar la rescisión, lo que podría tardar años en definirse, impidiendo ejecutar las obras en el sitio previsto?
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El contrato que Petropar alega haber rescindido
Lo único que Petropar informó hasta ahora es que inició la rescisión del contrato, que fue adjudicado en diciembre de 2021, durante la gestión de Denis Lichi (ANR – actual gobernador de Cordillera), por G. 195.299 millones (unos US$ 28,3 millones al cambio actual).
La empresa no pudo completar la planta en el plazo previsto, pese a haber cobrado un anticipo de G. 41.815 millones. Tras un avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en julio de 2023, se subcontrató a la empresa Ocho A, ligada a Luis Pettengill, para la culminación de los trabajos.
Sin embargo, cuando asumió Jara, suspendió las obras en septiembre de 2023 e inició una serie de verificaciones y auditorías externas, cuyos resultados nunca fueron dados a conocer a la opinión pública.
La estatal contrató varias consultorías para estas revisiones, y el resultado de los mismos derivó en que Petropar comunicó a la firma la apertura del proceso de rescisión a comienzos de este mes, en medio de una crisis con los cañicultores, a quienes prometió un nuevo tren de molienda que estaría listo en un año.
Hasta el momento, la estatal sigue sin aclarar si realizará una nueva contratación o si utilizará los equipos que EISA trajo de Brasil y que siguen sin montarse en el tinglado construido.
El ingeniero Óscar Vera, gerente general de EISA, calificó el procedimiento de rescisión como “totalmente descabellado” y sostuvo que no existe sustento legal para dicha medida, ya que el contrato se encontraba formalmente suspendido desde el 1 de septiembre de 2023. Adelantó que la empresa recurrirá al Tribunal de Cuentas.