La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo titular es Óscar Orué, encabezó la semana pasada la intervención de una finca ubicada en el departamento de Boquerón, perteneciente a la empresa Cebolla Chaqueña, por sospecha de contrabando.
El propietario de la firma, Herbert Hiebert, denunció públicamente que fue víctima de un procedimiento irregular por parte de la DNIT y aseguró que los cultivos son de origen nacional.
Además, se señaló que el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) destacó la labor de la firma del Chaco al lograr cosechar 30 hectáreas de cebolla de bulbo con acompañamiento técnico estatal, trabajo que incluso fue valorado hasta por el presidente de la República, Santiago Peña.
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Los gremios de la producción: la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitieron ayer un comunicado sobre esta intervención en la que manifiestan que están siguiendo con detenimiento y preocupación los acontecimientos sucedidos en la Picada 500, Km 130, departamento de Boquerón Chaco Paraguayo.
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Añade el comunicado que, en dicho lugar, “una comitiva multiinstitucional, integrada por personas fuertemente armadas, irrumpieron en la finca de un reconocido productor hortícola chaqueño (oficialmente reconocido como tal por las propias autoridades e instituciones públicas) para investigar un supuesto contrabando de cebollas”.
Productor de larga trayectoria
“Llama poderosamente la atención la predisposición y rapidez de ciertas autoridades para intervenir la finca de un productor paraguayo, con una larga trayectoria en el sector hortícola chaqueño al que no dudaron de calificarlo de contrabandista”, indica el comunicado.
Añade, que todo eso ignorando por completo la inversión, el esfuerzo y la tecnología usada para producir 70 hectáreas de cebolla bajo riego y esto permitió alcanzar la competitividad necesaria para concretar, hace apenas un año, la inédita exportación de cebolla paraguaya a la Argentina.
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“Mientras algunas instituciones públicas se auto perciben valientes por perseguir a quienes trabajan la tierra, resulta llamativo su silencio, inacción y su complicidad por omisión en la abierta comercialización de todo tipo de productos (estos si, de contrabando) en todas las esquinas de las grandes ciudades (incluso frente a estas mismas instituciones). No podemos más que señalar, al menos, que están equivocando el camino. Estamos llegando a la situación límite en la que cualquier productor es culpable salvo que logre demostrar lo contrario”, afirman los referidos gremios.
Seguridad jurídica y garantías reales
Sostienen que el sector productivo, a través de las instituciones del Estado necesita seguridad jurídica y garantías reales que protejan y fomenten la inversión del sector, impulsando diferentes rubros que generan empleo a miles de paraguayos. En ese sentido, afirma lo que se necesita es “Protección no Amedrentamiento”.
Los gremios solicitan la sanción de los responsables de este procedimiento y exigen garantías reales para producir en el marco legal y bajo la supervisión de las instituciones competentes.
“Apostamos por nuestro País, y queremos ser participes e impulsores de su desarrollo, con una producción nacional sólida que genere beneficios concretos para nuestras familias y toda la Nación”, concluye el comunicado.