De acuerdo con el Estado de la Justicia Fiscal 2024, elaborado por Tax Justice Network, América Latina enfrenta una pérdida significativa de recursos fiscales debido a la riqueza financiera mantenida en el extranjero por sus ciudadanos. En conjunto, la región concentra 2,34% de la riqueza offshore global, equivalente a US$ 197,9 mil millones, lo que representa aproximadamente 3,8% del PIB regional. Estas cifras se traducen en una pérdida de ingresos fiscales cercana a US$ 3.125 millones, monto que podría destinarse a políticas sociales, infraestructura o servicios públicos.
En este escenario, Paraguay presenta una participación relativamente baja, con 0,02% de la riqueza offshore global, equivalente a US$ 1,3 mil millones. Este monto equivale al 3,3% del PIB paraguayo, una proporción que, aunque inferior a la de países como Uruguay (13,9% del PIB) o Panamá (47,5%), revela que una porción importante del capital nacional permanece fuera del sistema financiero local. La pérdida fiscal estimada para Paraguay asciende a US$ 16,1 millones, una cifra modesta en comparación con las principales economías de la región, pero relevante para un país con restricciones presupuestarias y una alta dependencia de ingresos tributarios indirectos.
Brasil, principal economía latinoamericana, concentra 0,20% de la riqueza offshore global, equivalente a US$ 16,8 mil millones, o 1,5% de su PIB. La pérdida fiscal por esta causa alcanza los US$ 231,4 millones, además de generar una pérdida adicional de US$ 225,6 millones a otros países debido a su rol como centro financiero regional. México, en tanto, presenta US$ 45,4 mil millones en riqueza offshore (3,3% del PIB), lo que implica una pérdida fiscal de US$ 794,2 millones y un impacto externo de US$ 452 millones, siendo el país latinoamericano que más perjuicio provoca a otros en materia fiscal.
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Panamá y Uruguay también se destacan por sus elevados niveles de riqueza en el extranjero en relación con el PIB, con 47,5% y 13,9%, respectivamente. En el caso panameño, los activos offshore de sus ciudadanos ascienden a US$ 32 mil millones, con una pérdida fiscal estimada en US$ 400 millones y un efecto negativo sobre otros países de US$ 925,7 millones, reflejo de su papel histórico como paraíso fiscal. Uruguay, con US$ 8,6 mil millones offshore, enfrenta pérdidas fiscales por US$ 154,1 millones, y genera US$ 47,5 millones en pérdidas para otros Estados.
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En comparación, Argentina registra US$ 12,2 mil millones en activos offshore, equivalentes al 2,5% de su PIB, con una pérdida fiscal de US$ 213,3 millones. Chile, con US$ 14,2 mil millones (4,5% del PIB), presenta pérdidas por US$ 284,7 millones. Colombia, en tanto, cuenta con US$ 11,1 mil millones (3,5% del PIB) y una pérdida de US$ 215,5 millones.
La pérdida fiscal total infligida por América Latina a otros países asciende a US$ 1.863,5 millones, es decir, 1,3% de la pérdida fiscal global causada por la evasión y el ocultamiento de riqueza offshore. Este fenómeno afecta directamente la capacidad recaudatoria de los Estados, incrementando la dependencia de impuestos al consumo y reduciendo el margen para políticas redistributivas.
En el caso paraguayo, aunque la magnitud absoluta es baja, su relación entre riqueza offshore y PIB (3,3%) se mantiene en el rango medio de la región. Esto indica que parte de los activos financieros de ciudadanos paraguayos se canaliza hacia jurisdicciones de baja tributación, reduciendo el potencial recaudatorio interno. Con un sistema tributario caracterizado por baja presión fiscal y limitada progresividad, el impacto de esta pérdida, aunque modesto en cifras, resulta significativo en términos relativos.
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En síntesis, el informe de Tax Justice Network (2024) pone de relieve que Paraguay forma parte de un patrón regional donde la riqueza financiera en el extranjero sigue drenando recursos esenciales para el desarrollo. Mientras países como Panamá y México exhiben efectos transfronterizos más notorios, Paraguay enfrenta el desafío de fortalecer su marco regulatorio y promover la transparencia financiera para minimizar el impacto de los flujos offshore en su economía. Revertir esta tendencia no solo implicaría mejorar la equidad tributaria, sino también ampliar el margen fiscal necesario para sostener las inversiones públicas que acompañen su crecimiento económico.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.