Una protesta obligó a la DNCP que inicie una investigación y suspenda la continuidad del proceso de contratación para la construcción del autollamado “gran” hospital de Asunción.
El MOPC adjudicó la obra al Consorcio GHA, integrado por las empresas Constructora Isacio Vallejos SA, Benito Roggio e Hijos SA y MM Sociedad Anónima, representado por Luis Rodríguez, cuya oferta fue presentada con un sobreprecio del 26,6% con respecto al precio de referencia, diferencia de G. 98.617 millones (alrededor de US$ 13 millones), que incumpliría el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). También denunciaron que durante la evaluación se incluyeron ítems que aparentemente limitaron la participación.
Ante la apertura de la investigación, el Consorcio YVAGA, conformado por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA, ratificó su profunda preocupación por la adjudicación de la licitación que califican de “irregular” y piden a la DNCP “acción firme y valiente”.
El monto inicial previsto era de un poco más de G. 368.778 millones –unos US$ 49 millones–, mientras que la adjudicación se hizo por G. 466.945 millones (equivalentes US$ 63 millones aproximadamente), según la resolución N° 1198 del MOPC, con fecha 24 de julio de 2025.
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Denuncia por supuesto direccionamiento
Además del sobrecosto, también habrían incluido condiciones de manera irregular al PBC, a través de una consulta y no mediante una adenda o cambio.
El Comité de Evaluación, en su dictamen N° 65, dictaminó que el Consorcio Yvága no cumple con el requisito de contar con experiencia de construir una planta de tratamiento de agua para centro de hemodiálisis en un mismo lugar. Es decir, no es que el participante no tenía experiencia para realizar la obra solicitada, sino que debía ser hecha, sugestivamente, SOLO en un mismo lugar, de acuerdo a los evaluadores.
Desde el consorcio denuncian que la aclaración emitida por el MOPC - apenas cuatro días antes de la apertura de ofertas - constituye una modificación encubierta de los requisitos de participación, lo que viola los principios de seguridad jurídica y transparencia establecidos por la ley, y limita la competencia justa, que favorece a un grupo selecto de empresas en detrimento del interés público. El consorcio presentó la oferta más baja de G. 386.900 millones (alrededor de US$ 52 millones).
La DNCP resolvió el 8 de agosto abrir una pesquisa y ordenar al MOPC la suspensión de la continuidad del proceso de contratación ante los cuestionamientos. El MOPC respondió a la protesta el 19 de agosto, en la que se ratificó “en todos los aspectos de la evaluación realizada” y, en virtud de los fundamentos expuestos, solicitó el rechazo de la impugnación interpuesta, “por carecer de sustento técnico”. A partir de la contestación, la DNCP cuenta con 35 días hábiles como plazo máximo para resolver lo que ocurrirá con la licitación.