De acuerdo con el artículo publicado en el Perfil.com por la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y quien dirige la División de Gestión Fiscal del organismo, Marta Ruiz-Arranz, la región no solo lidia con la presión del endeudamiento, sino también con sistemas impositivos poco eficientes y gastos mal dirigidos. Se calcula que el despilfarro fiscal equivale al 4,6% del PIB, un nivel mayor al observado hace una década. Este panorama refleja una doble carga: por un lado, Estados con ingresos insuficientes y, por otro, un gasto público que no siempre se traduce en bienestar.
Para la analista, el diseño tributario en la región contribuye a esta debilidad. La alta dependencia del IVA, un impuesto regresivo, junto con la elevada informalidad laboral, limita la capacidad redistributiva de los sistemas fiscales. En comparación con economías desarrolladas, América Latina recauda menos y redistribuye poco. De hecho, en seis países de la región los impuestos y transferencias no reducen la pobreza, sino que la agravan.
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El dilema no es solo técnico, sino también político. La ciudadanía percibe que la distribución de ingresos es injusta, pero al mismo tiempo muestra poca disposición a pagar más impuestos. El artículo menciona que apenas un 30% de la población está a favor de ampliar la base del impuesto a las ganancias de las personas físicas. Esta contradicción explica por qué las reformas graduales, de bajo perfil y con impacto visible, se convierten en una opción más viable que los grandes cambios estructurales.
La autora destaca que el camino hacia sistemas fiscales más progresivos puede transitarse a través de iniciativas discretas, pero efectivas. Entre ellas sobresalen:
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-Digitalización de la administración tributaria, que facilita el control y la recaudación.
-Análisis de datos avanzados para combatir la evasión y reducir la informalidad.
-Rediseño de subsidios, orientados a mejorar la focalización y reducir el costo fiscal.
-Fortalecimiento de los marcos presupuestarios, que permitan asignar recursos con mayor transparencia.
La evidencia muestra que estas pequeñas reformas ya generan resultados. En El Salvador, la introducción de facturación electrónica en tiempo real, vinculada a registros de consumo y riqueza, permitió que la recaudación del IVA pasara del 3,5% del PIB en 2017 al 8,7% en 2023, lo que representó ingresos adicionales por aproximadamente US$ 1.000 millones.
Otro caso se observa en Uruguay, donde el uso de tarjetas sociales digitales permite que los hogares de bajos ingresos enfrenten una carga reducida del IVA del 16% al 14,8%, al momento de comprar bienes de consumo. Con mejoras en la focalización, el impacto podría ampliarse aún más, contribuyendo tanto a la equidad como al estímulo del consumo.
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja junto a varios gobiernos en la sustitución de exenciones generalizadas de IVA por devoluciones directas a hogares de bajos ingresos. Este mecanismo no solo es más justo, sino también más eficiente, ya que evita pérdidas de recaudación innecesarias.
Para que estas reformas tengan éxito, se requieren registros sociales y fiscales robustos, así como sistemas de pago digital y modelos de microsimulación que permitan evaluar impactos antes de implementar cambios. Los avances no solo mejoran la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, sino que también generan la confianza necesaria para dar paso, en el futuro, a reformas de mayor alcance.
En conclusión, el artículo subraya que los grandes cambios no siempre dependen de grandes decisiones. Digitalizar, focalizar y modernizar son acciones que, aunque discretas, pueden abrir la puerta a una mayor sostenibilidad fiscal y a una distribución más justa de los ingresos en la región.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones