A más de un mes de que el Incoop informó de graves anomalías de la Cooperativa Poravoty Ltda., el fiscal que lleva la causa, Óscar Delfino, llevó adelante hoy un allanamiento a la sede central ubicada en las calles Padre Diperna y Romás R. Pereira de Fernando de la Mora.
Algunos detalles de la intervención realizada por el Incoop a la quebrada cooperativa que tiene en vilo a unos 700 ahorristas que no pueden retirar su dinero, muchos de ellos jubilados, es que encontraron un resultado negativo o pérdida de más G. 270.000 millones, casi US$ 35 millones.
Entre las mismas están las “operaciones ficticias” de crédito por unos G. 13.000 millones y desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones para la venta a sus asociados, que según inventario serían 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos, que quedaron en custodia de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
Solo en uno de los contratos del 2018 consta que la compra de 100 unidades de pistolas costó a la cooperativa unos G. 671.000.000.
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Contratos con Diego Dirisio
La adquisición de las armas, cuyos contratos fueron proporcionados por funcionarios a cargo del área de Ventas, fue realizada con la empresa “International Auto Suppy S. A.”, representada por Diego Hernán Dirisio, junto con Paulo Cesar Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de Gerente Comercial).
Tanto Dirisio como Fines se encuentra en prisión en el marco del Operativo “Dakovo”, cuyo objetivo principal fue desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
Además, de acuerdo a los saldos obtenidos al instalar la intervención, que fueron comparados con la última información financiera al 31 de diciembre del 2024 remitida al Incoop a través de la herramienta de “Alerta Temprana”, se encontró que hicieron figurar una disponibilidad de G. 6.800 millones, pero que en realidad no existían, reflejando un índice de fondos no acorde a la realidad, detectándose una “sobrevaloración de la disponibilidad”
“Ante los graves hechos detectados respecto a la alteración de las informaciones operativas y financieras, el elevado costo financiero por el endeudamiento con socios debido a las altas tasas, así como también deudas con terceros, el nulo margen de rendimiento en las operaciones de crédito, elevada morosidad, estado de liquidez, descalce financiero, y demás irregularidades constatadas, en su conjunto posicionan a la Cooperativa en la imposibilidad de seguir operando”, concluyó el informe de los interventores.
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Autoridades de cooperativa en la mira
Los interventores indicaron además que las autoridades de la Cooperativa, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, son responsables por las informaciones financieras remitidas al Incoop y las difundidas a sus socios, de sus actuaciones u omisiones y que la responsabilidad de la ausencia de controles adecuados en el contenido de las informaciones recae en la Auditoría Interna.
Algunos de los exdirectivos responsables de la administración son: Miguel González Duarte (Presidente, ex suboficial), Silvio Vera González (excomisario) y Luis Alberto Delgado, además de los que conformaron la Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros, quienes renunciaron.
El policía retirado Miguel González había sido dado de baja por un caso de supuesta estafa y lesión de confianza en 2002, por un desvío de G. 1.200.000.000, cuando era directivo del Círculo de Suboficiales de la institución.
Los socios afectados por la quiebra cuestionan que los interventores hayan priorizado pagar a bancos antes que a los socios.
Según el informe, durante la intervención se ha cancelado un préstamo a Cencopan por G. 1.000 millones y a Zeta Banco, G. 1.520 millones, operación ya se encontraba vencida desde diciembre del 2024.
Los asociados afectados por la crisis en la Cooperativa Poravoty Ltda., remitieron una nota al fiscal general Emiliano Rolón, solicitando el cambio del fiscal Óscar Delfino, que investiga la causa el 6 de agosto último. Además, se manifestaron frente a la sede del Incoop el mismo día exigiendo la destitución del titular de la institución, Carlos Romero, y que se reactive la licencia de la cooperativa para que puedan retirar sus ahorros.